El suspendido juez Baltasar Garzón se convirtió en protagonista inesperado de la cumbre eurolatinoamericana de esta semana en Madrid, tras recibir el apoyo de los presidentes de Argentina, Cristina Kirchner, y de Bolivia, Evo Morales, para indignación de la derecha española.
«Cumbre de América Latina-Garzón», titulaba hoy la edición electrónica del diario conservador ABC, en referencia a las entrevistas del juez Garzón, que también tiene previstas, según el rotativo, reuniones con los presidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla, y de República Dominicana, Leonel Fernández.
Kirchner y Morales se reunieron con el juez para mostrarle su «apoyo» y «solidaridad», después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces españoles, lo suspendiera cautelarmente en sus funciones el pasado viernes.
«Â¿Cómo es posible que un hombre que busca justicia pueda ser ajusticiado?», se preguntó este miércoles ante los periodistas el presidente Morales tras mantener un encuentro de media hora con Garzón en un lujoso hotel de la capital española.
Esta reunión se une a la que el lunes pasado mantuvo el magistrado español con la presidenta argentina, quien consideró que el juicio a Garzón por tratar de investigar los crímenes de la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años de la dictadura franquista (1939-1975) sin supuestamente tener competencias para ello, «significa una regresión en materia de juzgamientos».
El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, en cambio, afirmó que «lo que debe hacer hoy día (el juez) es responder como un ciudadano ante la ley de España».
El juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, ordenó el juicio a Garzón, para el que todavía no hay fecha, por un supuesto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, lo que implicó la suspensión cautelar en sus funciones.
En caso de ser condenado en el juicio, el juez español, famoso por sus investigaciones sobre las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990) y que fue autorizado el martes por la justicia española a trabajar en la Corte Penal Internacional de La Haya como asesor de la fiscalía, podría ser inhabilitado hasta 20 años, lo que supondría el fin de su carrera.
«Estamos no sólo preocupados, sino sorprendidos y dolidos», dijo Kirchner, quien tuvo mucho cuidado de matizar que su reunión con el magistrado de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) «no significa inmiscuirse en asuntos internos españoles».
Sin embargo, estas reuniones causaron la indignación de la derecha española, que las aprovechó para echar en cara al gobierno socialista español de José Luis Rodríguez Zapatero su «extrema debilidad».
El eurodiputado del Partido Popular (PP, derecha) Antonio López-Istúriz lamentó este miércoles en una nota que «gobernantes como Kirchner o Morales hayan aprovechado un encuentro internacional en Madrid como la cumbre UE-América Latina para intervenir sobre asuntos nacionales».
«Es inaceptable que la Presidenta de Argentina opine sobre las decisiones de la justicia española respecto al juez Garzón», insistió López-Istúriz, mientras que la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados español, Soraya Saénz de Santamaría, consideró que el matrimonio (Cristina y Néstor) Kirchner (ex presidente argentino) «son los menos indicados para dar lecciones de Justicia y de seguridad jurídica a nadie».
Desde el gobierno, el jefe del ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, apeló al respeto a los tribunales y solamente consideró que «aquellos que han tenido a sus familiares durante décadas sin saber dónde estaban tienen todo el derecho a saberlo».