En Guatemala, el sistema de justicia absuelve a tres mujeres que reconocen haber descuartizado a una joven y reduce las aprehensiones por homicidios aunque estos hayan aumentado.

En general, el panorama no parece muy alentador, pues se sabe que la vulnerabilidad del Sistema Penitenciario permite a las personas privadas de libertad delinquir desde la prisión; además, las autoridades mismas han reconocido el poder que los reos tienen sobre el régimen carcelario cediendo a sus peticiones como en el traslado de reos de «alta peligrosidad», del cual emergió el repunte de extorsiones, según informes oficiales.

El 4 de mayo último, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal absolvió a tres mujeres acusadas de haber descuartizado a una joven integrante de una pandilla. Dos de las tres sindicadas reconocieron a viva voz haber participado en el crimen; además, la fiscalí­a presentó la declaración testimonial de un pandillero que participó en el brutal asesinato y las señaló.

El Tribunal consideró que los elementos presentados por el Ministerio Público (MP) carecí­an de valor probatorio por lo que absolvió a Gedalis Canté Véliz, Rosa Jax Zurdo y Marta Elizabeth Mancilla, acusadas de asesinato y asociación ilí­cita.

La fiscalí­a habí­a solicitado la pena de 58 años de prisión contra las sindicadas, no obstante, el Tribunal decidió no condenarlas.

Dos datos llaman la atención en este caso: uno es que las mismas pruebas que el citado tribunal no validó, referentes a pruebas de grafotecnia, dactilares y relato de un testigo protegido, fueron contundentes para que un juzgado de niñez y adolescencia en conflicto con la Ley penal condenara a la pena máxima a un menor que participó en el brutal crimen.

El segundo detalle es que las tres absueltas están supuestamente vinculadas con Francisco Alfaro Orozco, alias «el Smurf», quien recientemente fue condenado a 99 años de prisión por el delito de femicidio, femicidio en grado de tentativa y sustracción agravada, crí­menes coordinados desde la prisión.

«El Smurf» habrí­a ordenado el asesinato de la joven integrante de la pandilla que, según él, lo habí­a delatado con la Policí­a Nacional Civil para que desintegrara a la banda delictiva que lideraba.

¿POBRES PRUEBAS?

Héctor Canastuj, fiscal a cargo del proceso contra las tres mujeres acusadas del asesinato de la joven, explicó que la acusación se basó en un medio testimonial, como anticipo de prueba, y dos medios cientí­ficos.

«El Tribunal resolvió que el anticipo de prueba no tiene valor probatorio porque el debate es oral y tuvieron que haber estado en la diligencia para validarla, la prueba caligráfica fue descartada porque según ellos se violentó el principio de defensa, y la dactiloscopia fue rechazada porque no se ofreció la ficha dactilar de las sindicadas cuando en ningún caso se presenta porque el perito va al debate a ratificar el informe», explicó el fiscal.

El investigador añade que el anticipo de prueba (declaración de un testigo protegido) fue aceptado en el caso abierto contra otros menores que participaron en el crimen, los cuales fueron condenados a la pena máxima para su edad, consistente en seis años de cárcel.

Canastuj añade que presentó la impugnación contra el fallo del Tribunal y que solicitará que se anule el debate y se ordene el reenví­o «porque no resolvió conforme a derecho, porque si tení­a duda, si querí­an alguna diligencia extra la debieron ordenar», consideró el fiscal.

SISTEMA ABSOLUTORIO Walter Villatoro, juez integrante del Tribunal de Alto Riesgo del Organismo Judicial, explica que dentro del proceso penal guatemalteco, como parte de una polí­tica criminal, «no todos los casos deben ir a debate; para eso existe la desjudicialización, hay casos que pueden resolverse el mismo dí­a que es detenida la persona».

El juez experto en esa materia considera que actualmente el sistema está muy congestionado y que ello puede evitarse si no todos los hechos delictivos van a sentencia y no todas las personas van a la cárcel. «Ya no es posible», subraya.

Villatoro detalla que existen acusaciones muy bien fundamentadas por parte de los fiscales del MP pero que estas «caen» cuando la prueba no es suficiente, es decir, que algún testigo clave no se presenta a declarar, un tribunal no puede condenar aunque los acusados reconozcan su crimen», indicó.

En los casos, como el arriba citado en el que las acusadas reconocen haber participado en el brutal crimen contra una joven, el juez Villatoro indica que este tipo de declaraciones no son pruebas contra los sindicados sino un medio de defensa. «Eso deberí­a generar indicios para que el MP haga una investigación», subraya.

«Conozco a la mayorí­a de jueces y no me atreverí­a a decir que alguno está interesado en absolver a una persona porque sí­, ese es un delito; lo que sí­, es que hay quienes interpretan con mucho garantismo y otros que no, pero no todo depende del tribunal, hay mucha incidencia en la efectividad del MP», declaró.

Villatoro añade que «el hecho que haya una sentencia absolutoria no quiere decir que ahí­ se acabó el proceso, el ente acusador está obligado a presentar apelación para que una sala examine el fallo y dictamine si procede anular la sentencia. Más que una puerta a la impunidad, las absoluciones son para que el MP ponga las barbas en remojo», señala el juez.

Pero las absoluciones, las escasas pruebas del MP para fundamentar un caso o las debilidades del sistema penal de la justicia en general parecen no ser la única arista de la impunidad.

SIN CAPTURAS

Un estudio de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos respecto al número de capturas ejecutadas por la Policí­a Nacional Civil durante 2009 y el año en curso, da cuenta que la efectividad en estas diligencias disminuyó cuantitativamente.

Según ese reporte, durante los primeros tres meses del 2009 fueron ejecutadas 123 capturas por homicidios con arma de fuego, arma blanca, arma contundente y por estrangulamiento; mientras que en el mismo perí­odo, de 2010, las aprehensiones por los mismos hechos descendieron a 73 consignados.

Sergio Morales, procurador de Derechos Humanos, consideró que existe una desproporción entre homicidios y capturas ya que el año último las detenciones por homicidio no llegaron ni al 7 por ciento de los hechos cometidos.

El magistrado de conciencia calificó de «preocupante» que en doce meses haya descendido el número de capturas relacionadas con muertes violentas en el paí­s.

El informe de la PDH señala que la media mensual de detenciones en 2009 fue de 35.67 personas, mientras que en 2010 ha sido de 24.33 por mes. La PNC justificó que las cifras por muertes violentas habí­an descendido en 200 menos, en comparación con el mismo perí­odo del año pasado.

EXPERIENCIAS

Carlos Vega Fernández, analista social en temas de justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) considera que en el marco general, «en el paí­s es lamentable cómo se imparte justicia».

«El Organismo Judicial no responde a lo que necesita la región. En un eje democrático, si no funciona el sistema de justicia o funciona mal, todos los otros campos del paí­s lo harán también porque todo tiene que dilucidarse en el tema judicial», opina el experto.

Vega añade que el MP siendo el ente encargado de la persecución penal, lo que a su criterio es «lo más delicado» dentro del sistema, requiere un buen funcionamiento debido a las elevadas cifras de crimen que se registran en el paí­s, por lo que necesita una reestructuración.

El analista considera que el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido fundamental y espera que en pocos años empiecen a verse resultados más concretos de su trabajo ya que está demostrado que en el Gobierno, la PNC, Ministerio de Gobernación, Migración y Sistema Penitenciario existe una debilidad terrible, critica.

«La impunidad es el sistema en el que no se castiga a quien comete el delito o a quien infringe la ley, en todos los paí­ses hay robos y crí­menes pero los sistemas funcionan y sancionan a los delincuentes. Aquí­ no, aquí­ hay delitos todos los dí­as y no pasa nada», comenta Vega.

A decir del experto en la materia, la impunidad en el paí­s «es una cuestión cultural» que empezó desde el conflicto armado interno: «ese hecho rompió el estado de derecho y nos acostumbramos a no respetar la Ley y el Estado, es una cultura, hay que cambiarlo desde la familia y la escuela», opina.

Además, comenta que la impunidad empieza a gestarse desde la PNC, catalogándola como el «eslabón más débil» dentro del sistema de justicia y citó como ejemplo las aprehensiones y autos de prisión dictados contra dos ex jefes de la PNC solo en este año.

Vega recomendó al paí­s ver las experiencias de otras naciones ya que considera que la delincuencia es un fenómeno mundial pero hay Estados que lo han enfrentado mejor, por lo que las instancias nacionales deberí­an solicitar asesorí­a sobre los planes de paí­ses como Colombia y Nicaragua, entre otros.