El Gobierno de í“scar Berger creó el Comisionado presidencial para la inversión y competitividad, integrado por dos entidades ejecutoras: Pronacom y la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera Directa, también llamada «Invest in Guatemala», nombrando en dicho cargo a Mike Fernández como comisionado y como subcomisionado o algo por el estilo a Emmanuel Seidner.
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El Acuerdo Gubernativo 3006-2004, sancionado por í“scar Berger como presidente, Mauricio Cuevas como ministro de Economía y Carlos Vielman como ministro de Gobernación, deja totalmente abierto el espacio para que el comité ejecutivo de Pronacom quede integrado predominantemente por representantes empresariales y una escasa presencia de representantes del sector público.
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El comité ejecutivo se convierte en el todo, lo coordina y preside una persona que nombra el Presidente de la República, el resto del comité, por obra y gracia del Gobierno de Berger, vienen a ser personas que representan y buscan intereses gremiales y difícilmente intereses nacionales.
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El comité ampliado obliga a seis ministros, tres viceministros, al secretario de Planificación de la Presidencia, al presidente del Banco de Guatemala y al superintendente de Administración Tributaria a ser parte. También le permite al denominado sector empresarial una amplísima representación donde no hay cámara o asociación que no quede formando parte, para rematar coloca como invitados especiales a todo el alfabeto que se les ocurrió, salvo la zeta.
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Pero insatisfechos, aún vuelven a modificar mediante el Acuerdo Gubernativo 21-2008, de fecha 9 de enero de 2008, publicado dos días después; es decir, tres días antes de concluir el mandato de ese Gobierno empresarial y como lo dijera el artículo que publicara Siglo Veintiuno este mes, el préstamo terminaron de ejecutarlo, por no decir fusilárselo en los primeros meses del nuevo Gobierno.
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Surgen grandes interrogantes: ¿Quiénes eran los cuentadantes de todos esos millones?, quiénes fueron durante esos cuatro años y fracción los funcionarios, los asesores, los consultores y todos los beneficiarios de esa enorme cantidad de recursos, cuánto ganaban al mes, cuáles eran sus prestaciones, sus obligaciones y más importante, concretamente qué produjeron, no refiriéndonos a montañas de papeles sino a efectos concretos para la exportación, para la competitividad.
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¿Ha auditado la Contraloría General de Cuentas de la Nación en toda forma y detalle ese enorme gasto que indudablemente tendrá que pagar de los impuestos el pueblo de Guatemala, especialmente los actuales contribuyentes? Por qué los salarios que publica Siglo Veintiuno son más altos que el salario del Presidente, del Vicepresidente de la República, de los ministros, viceministros, de la junta directiva del Congreso, de los 158 diputados, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de los magistrados y jueces.
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Acaso los Q720 millones que equivalen los dos préstamos no se fueron en viajes, burocracia dorada, amiguitos y amiguitas de empresas y asesores del Gobierno empresarial y de los integrantes de las cámaras, asociaciones y entidades que conforman el comité ejecutivo de Pronacom.
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¿Se cumplió con la Ley de Compras en todas y cada una de las adquisiciones y contratos? En otras palabras, veamos y esperemos que la Contraloría, que el Congreso a través de una comisión especial y la sociedad civil en general pida y reciba cuentas claras y exactas y que la prensa le dedique el mismo tiempo y el mismo espacio que ha hecho en otros casos.