El único esfuerzo que hizo el Gobierno federal de los Estados Unidos para lanzar una campaña contra el consumo de droga fue aquella de los tiempos de Reagan cuando la primera dama impulsó la idea de «decir no», que por supuesto no pasó de ser una especie de agenda propagandí­stica sin contenido real. Ahora la Casa Blanca, coherente con lo que la Secretaria de Estado dijo en México poco después del inicio de esta administración, se compromete a combatir el consumo de droga con una polí­tica de cinco años basada en prevención, tratamiento, control y cooperación internacional, todo ello para enfrentar el consumo de drogas y sus consecuencias. Y es que históricamente se intentó atajar el problema de la drogadicción en Estados Unidos poniendo obstáculos al ingreso de los estupefacientes, lo que en la práctica sirvió para encarecer el producto y aumentar el enorme poder de los grupos criminales que abastecen ese insaciable mercado. Mientras más difí­cil era el tráfico de la droga, mayores las ganancias de los traficantes y mayor también su capacidad para corromper a otros paí­ses en donde la fragilidad de las instituciones imposibilita enfrentar a esa forma de crimen. Justamente cuando en Estados Unidos se anuncia una estrategia más coherente y lógica, en Guatemala el diputado Mariano Rayo nos comparte un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de Estados Unidos, en el que nuestro paí­s queda mal parado al evidenciarse que el crimen organizado y la violencia están afectando la gobernabilidad, poniendo en peligro la legitimidad democrática. Las iniciativas del Plan Colombia y el Plan Mérida no han sido suficientes para devolver a esos paí­ses el vigor institucional para enfrentar el problema, no obstante la masiva inversión que se ha hecho para dotarlos de instrumentos que permitan enfrentar el efecto de la narcoviolencia. Y es que estos paí­ses se ven desbordados por el poder que acumulan los carteles de la droga que se adueñan de regiones enteras y por lo tanto la Casa Blanca parece haber adoptado ahora una polí­tica más inteligente al atacar la raí­z del problema. Campañas de prevención y educación de la juventud en un plan de cinco años tienen que rendir frutos en la reducción del consumo y, como consecuencia, los criminales sufrirán por la pérdida de mercado y verán mermado su hoy absoluto y tremendo poder. Ojalá, sin embargo, que no sea demasiado tarde el inicio de ese esfuerzo, puesto que, repito, el nivel de alarma que nos debe embargar al conocer ese impresionante trabajo que se puede leer en internet mediante el acceso al sitio web http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/ en donde queda evidenciada la crisis de nuestras instituciones y su incapacidad para enfrentar el desafí­o del crimen organizado y la violencia, lo que pone en grave riesgo la gobernabilidad y sabe Dios si para cuando rinda frutos la nueva polí­tica antidrogas de Estados Unidos, todaví­a lograremos beneficiarnos de eso.