En la actualidad, nos consume el miedo. El miedo de ser asaltados, secuestrados o asesinados. Es un miedo que compartimos por simplemente ser habitantes del mismo paí­s.

Como sabemos, la fuente de la inseguridad es la corrupción y casi total impunidad en nuestro paí­s.  Sin embargo, cuando hablamos de la infracción de la ley, tendemos a señalar a los que ocupan la silla de gobierno sin poner atención a las sillas que nos rodean. 
Lo que quiero decir al escribir esto, es que fallamos en darnos cuenta que nosotros mismos alimentamos al monstruo de la impunidad. ¿En cuántas de nuestras casas hay videos piratas, ropa de marca falsificada o licencias para conducir compradas? ¿Dónde marcamos la lí­nea divisoria entre pequeñas infracciones de la ley y delitos mayores?  ¿Además, cuántos no levantamos la voz ante las instancias que no castigan a muchí­simos funcionarios que han robado y traficado influencias? 
Para que el Estado pueda proveer seguridad a la población, primero se debe resolver la causa primaria y fundamental de la inseguridad en Guatemala: la ausencia de consecuencias para el que comete un delito.
Esta semana habrá una conferencia sobre seguridad a la que asistirán gobernantes y personalidades de peso internacional.  Me pregunto: ¿Cómo pueden proponer seguridad sin un sistema en el que se sancione al que infringe la ley?
El orden dentro de Guatemala depende en gran parte del funcionamiento de los cinco pilares del sistema de justicia.  Depende de que la policí­a haga su trabajo de prevenir el crimen; que el Ministerio Público investigue responsablemente cada delito que deba investigar; que los jueces y magistrados respeten la Constitución y apliquen la ley impartiendo justicia; que el Sistema Penitenciario rehabilite a los presos y finalmente, que el Instituto de la Defensa Penal defienda, a los que están siendo procesados y no tienen la capacidad económica para pagar abogado.
¿Qué pasa en Guatemala? Las instituciones que actualmente integran los pilares de la justicia no están cumpliendo con hacer su trabajo en la forma necesaria para que el sistema de Justicia sí­ funcione.  
Imaginémonos una Guatemala con policí­as bien remunerados y respetados por la población, debido a su capacidad, preparación y educación.  Policí­as que están siempre atentos a prevenir el delito en las calles y dispuestos a proteger al ciudadano.
Pensemos en fiscales del Ministerio Público que con dedicación hacen profundas investigaciones para determinar quién es el responsable del crimen, por ejemplo, de una denuncia de mal uso de fondos del Estado o de las pérdidas de los inversionistas de Autocasa donde les defraudaron.
¿Cómo serí­a Guatemala si hoy, martes 21 de junio, los periódicos tuvieran noticias tales como: “juez destituido y procesado por dejar libres a violadores” o “juez procesado por liberar a narcotraficantes detenidos con el producto en la mano”?
 Soñemos con una Guatemala donde los prisioneros condenados tienen la oportunidad de ser rehabilitados y orientados para ser reintegrados a la sociedad.
¿Qué necesitamos? Primero, castigar severamente y mandar presos a jueces, a fiscales, a policí­as y funcionarios públicos del sistema de justicia que violan las leyes penales.  Guatemala cambiará sólo si todos los jueces y magistrados son un buen ejemplo, hacen su labor a conciencia y aplican justamente las leyes contra todos aquellos que violan la norma.  Pareciera que no hay mucha esperanza en el corto plazo.
El paí­s está en una situación de emergencia en donde no podemos tolerar que los jueces no apliquen ni respeten la ley, que permitan el tráfico de influencias, y que no se esfuercen por estudiar cuidadosamente cada caso.
La pregunta es ¿cómo cambiamos? ¿Cómo pasamos a una etapa distinta, a ser un paí­s donde exista orden y paz? Esto únicamente será posible haciendo que el sistema de justicia de Guatemala funcione, que se apliquen implacablemente los castigos a los que infringen la ley.  Si no hay respeto a la ley, ¿cómo será posible que haya seguridad?