Un juez del Tribunal Supremo español ordenó este miércoles el inicio de las audiciones del juicio al magistrado Baltasar Garzón por haber investigado la suerte de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española y el franquismo, indicaron fuentes judiciales.
El juez del Supremo Luciano Varela, encargado de procesar a Garzón, ordenó la «apertura del juicio oral», es decir, que se hagan las gestiones necesarias para el comienzo de las audiciones de los protagonistas del juicio, en una fecha aún por determinar, según las fuentes.
El juicio oral o comparecencia de Garzón, querellantes y testigos ante el juez es la etapa posterior a la instrucción o investigación del caso.
Garzón será juzgado por llevar a cabo brevemente en 2008 una investigación sobre los 114.000 desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años de la dictadura franquista (1939-1975).
Según los querellantes, el juez sabía que no tenía competencia para ello e ignoró la ley de Amnistía decretada en 1977 para esos crímenes.
Tres organizaciones consideradas de extrema derecha, Manos Limpias, Falange Española y de las JONS, y Libertad e Identidad, presentaron una demanda contra el juez, de 54 años, conocido internacionalmente por su defensa de la justicia universal y por lograr la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998.
Falange fue excluido recientemente de la querella.
Garzón, que también es investigado por el Supremo por otros dos casos, podría ser suspendido temporalmente de sus funciones como juez de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española.
El órgano de gobierno de los jueces españoles, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado para el viernes una reunión extraordinaria para decidir sobre esta suspensión de Garzón, adelantando la sesión que había previsto inicialmente para el día 19, precisó a la AFP una fuente del CGPJ.
Si el CGPJ decidiera suspenderlo en sus funciones, Garzón no podría actuar como juez hasta que se celebre el juicio y haya una sentencia, que en caso de ser condenatoria podría acarrearle hasta 20 años de inhabilitación profesional, lo que en la práctica supondría el fin de su carrera como magistrado.
Por otro lado, el juez pidió el martes un permiso temporal a la justicia española para trabajar durante siete meses como asesor del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo.
El CGPJ decidirá el 18 de mayo si otorga a Garzón ese permiso temporal para trabajar en la CPI, indicaron las fuentes.
Garzón, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, también es investigado por el Tribunal Supremo por haber recibido supuestamente dinero del banco Santander por impartir unos cursos en la Universidad de Nueva York, donde estuvo como «profesor investigador» entre 2005 y 2006.
Por último, debe responder por haber ordenado presuntas escuchas telefónicas ilegales en el marco de una investigación por corrupción al conservador Partido Popular (PP).