A mi criterio y el de muchos el Ministerio Público es un elefante blanco cuya actividad no beneficia a las ví­ctimas, ya que ha contribuido a la deshumanización de los casos, porque cada fiscal tiene a su cargo una cantidad innumerable de procesos, siendo cada uno un expediente, pero detrás de ese expediente se encuentra una persona, o una familia que espera, necesita, implora justicia, y esta no llega, la desesperación es tan grande que he sabido de muchos casos en los que los querellantes adhesivos han enfermado, porque la justicia cada dí­a está más lejana.

Antes que entrara en vigencia el actual Código Procesal Penal, cada ví­ctima y/o su familia tení­an la potestad de buscar un abogado, y ayudarlo a la investigación, existí­a tal cooperación entre cliente y abogado, que hací­a que ese involucramiento produjera mejores frutos en un juicio que los que hoy existen. Actualmente cada ví­ctima o su familia solamente pueden accionar como querellantes adhesivos, la misma palabra identifica su función, son acompañantes, pero se encuentran supeditados a que un auxiliar fiscal, tenga suficientes elementos para investigar su caso, con el objetivo que al presentar ante tres jueces sus planteamientos y las pruebas, sean convincentes para condenar al supuesto culpable. Todo esto en la práctica es la más grande farsa que existe, los fiscales son seres humanos, no pueden investigar y estudiar a fondo un solo caso, ya que todos son diferentes, cada uno tiene sus aristas, lo que dificulta para la victima o su familia obtener justicia.

Se encuentra en manos del auxiliar fiscal valorar los tiempos y pruebas para acusar a un culpable, es impensable que esto funcione, no existen súper-seres, solamente profesionales, algunos muy buenos, pero ninguno con la capacidad de resolver diez casos en forma tan extraordinaria que los diez al ser llevados a juicio logren convencer a los jueces, y con ello la condena del responsable.

Los delincuentes saben muy bien las deficiencias de nuestro sistema, y se rí­en de nosotros con toda impunidad, saben que tienen potestad de matar, herir, violar, robar y cuanto hecho criminal se les ocurra, que saben que tienen el 99 % de impunidad.

Más de 17 muertos diarios, más de 100 mujeres violadas al mes, infinidad de robos, heridas y otros hechos de menor trascendencia para la sociedad hacen que cada dí­a la selva en que vivimos sea más agresiva.

¿Qué sucedió? Que al decretar el actual Código Procesal Penal, se daba por hecho que habrí­a un gran avance en el cumplimiento de la Justicia Penal en el paí­s. Según los especialistas, era el más moderno de América Latina, pero Guatemala, es el paí­s más atrasado del Continente.

Ha sido desde su inicio una contradicción el Código Procesal Penal, y la función del Ministerio Público con nuestra realidad, lo único que se ha logrado es que la impunidad haya aumentado enormemente.

La delincuencia no se detiene, el crimen organizado se encuentra enquistado en todas las instituciones del Estado, y en muchas privadas. Me parece infantil que se produzcan leyes como maquila, sin entrar a conocer la realidad del paí­s y el beneficio social no particular de las mismas antes de ser aprobadas. Por eso desde esta tribuna solicito a los 158 diputados que como un primer paso para el saneamiento de la Justicia Penal en Guatemala, se modifique el Código Procesal Penal, y se deje la función del Ministerio Público como la de la Defensa Pública Penal, opcional para cada caso particular, ya que los interesados pondrán todo su empeño en que la ví­ctima o su familia procuren alcanzar el valor más grande para la humanidad que es la Justicia, a que un ente despersonalizado, saturado, y con un grado considerable de corrupción lo haga.