Por la importancia del tema transcribo fragmentos de la Declaración del Foro Mundial de Reforma Agraria, celebrado en Valencia, España, el 8 de diciembre de 2004, que al respecto proclama: «Una reforma agraria distributiva y conducida por el Estado es un elemento clave del modelo de soberaní­a alimentaria de los pueblos y una medida crucial para la realización de varios derechos humanos como el derecho a la alimentación, a vivienda, a trabajo, a participar en la vida cultural y disfrutar de la cultura propia, a participar en la dirección de los asuntos públicos, y de los derechos ambientales. Por estas razones los gobiernos y la sociedad deben darle un lugar primordial en la agenda de desarrollo. Los programas de la reforma agraria actual deben garantizar a las campesinas y los campesinos, a las trabajadoras y los trabajadores rurales, a los pueblos indí­genas, y a las comunidades excluidas racial y socialmente, el acceso y control sobre la tierra, el agua, las semillas, los bosques, la pesca y los medios de producción (financiación y capacitación), distribución y comercialización. …deben garantizar la seguridad y tenencia de la tierra y los recursos, el libre acceso al conocimiento y la tecnologí­a, apoyar el uso de la tierra para fines productivos y evitar la reconcentración territorial. …deben asegurar a las mujeres plena igualdad de oportunidades y de derechos a la tierra y a los recursos naturales y deben reparar la discriminación y las desventajas sociales a las que las mujeres han sido sometidas. …también tienen que reconocer y realizar efectivamente los derechos de los pueblos indí­genas a sus territorios, así­ como restituir los territorios que les hayan sido arrebatados».

La propuesta de reforma agraria integral de la CNOC se sustenta en la anterior declaración y argumenta su necesidad por: «La pobreza en el campo; la estructura actual de tenencia de la tierra es un obstáculo para el desarrollo del paí­s; la falta de polí­ticas de Estado impide la utilización razonable del recurso tierra en beneficio social; la crisis del modelo agroexportador; el mercado de tierras no es solución para la transformación de la propiedad, tenencia y uso de la tierra; es una medida para enfrentar los impactos de la globalización».

La concentración de la tierra, la exclusión de los campesinos del beneficio del desarrollo, el despojo de tierras y las condiciones de explotación semifeudal de las y los trabajadores del campo, son algunas caracterí­sticas del agro guatemalteco generadores de conflictividad. La acumulación de riqueza es debido a la concentración de tierra y la explotación perversa de mano de obra campesina. Hoy, la situación social en el campo es peor que antes, la población rural más pobre, excluida y discriminada.

Ayer, entre debates públicos, protestas y reclamos de las organizaciones campesinas, se cumplieron 14 años del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, sin que se reconozca avances en el tema, mucho menos cambio en la calidad de vida de las campesinas y los campesinos. Las protestas de las organizaciones campesinas exigiendo reforma agraria son justas. Aunque les pare el pelo a los terratenientes y oligarcas, la reforma citada es necesaria para contener en el paí­s una explosión social.