Y tiene razón el licenciado Andrino, puesto que es una pena que para buscar la transparencia y ante la dificultad de lograr que el Congreso de la República impulse las leyes sobre el tema «con principios éticos», se tenga que recurrir a acciones que en el fondo son «gí¼izachadas» porque por medio de acuerdos ministeriales se tienen que emitir normas que, efectivamente, entran en colisión con la legislación ordinaria del paí­s que, por ejemplo, autoriza el funcionamiento sin limitaciones de las sociedades anónimas con acciones al portador. Es importante ver las cuestiones en su justa perspectiva y, como bien dijo el abogado en su comentario, lo conveniente serí­a que el Congreso cumpliera con su deber legislando con principios éticos y de transparencia, pero ocurre que siendo ello materialmente imposible, los que luchan por ponerle trabas a la corrupción tienen que recurrir a ciertas argucias para lograr ese encomiable objetivo. El problema es que se recorren senderos que ya en el pasado sirvieron para violentar nuestro ordenamiento legal, como cuando mediante otra gí¼izachada se planteó la transformación de Guatel, creando Telgua, para facilitar su venta sin llenar los requisitos constitucionales para liquidar una empresa estatal. Y es que con todo ello se sigue minando nuestro ya muy frágil estado de derecho, al punto de que para hacer las cosas que uno cree que son buenas, se tiene que acudir a la maniobra que nos permita jugarle la vuelta a la Ley. No deja de ser en extremo triste y penoso que en un paí­s la lucha por la transparencia tenga que llevarse a cabo mediante atajos y extraví­os, puesto que lo ideal serí­a que, por ejemplo, las autoridades de Finanzas Públicas compartieran con la sociedad las facilidades que el ordenamiento jurí­dico actual ofrecen para alentar la corrupción, de manera que se pudiera iniciar una lucha seria de distintos sectores para forzar a la reforma legal que permita cimentar realmente acciones a favor de la probidad en el manejo de los recursos públicos. El problema está en que esas acciones tienen que pasar por el Congreso de la República y, por supuesto, los diputados van a anteponer sus intereses en casos concretos como la contratación de ONG, en vez de poner los candados que hacen falta para terminar con las mafias. Y en ese sentido es que uno termina aplaudiendo disposiciones como las que tomaron recientemente para regular las contrataciones del Estado por la ví­a de un acuerdo gubernativo, aunque se entienda que la ley superior no sólo permite sino que facilita que se hagan las cosas turbias como se vienen dando.