Como se puede comprobar, en el país la generación y la distribución eléctrica históricamente se ha encontrado en manos privadas. Desde su inicio hasta épocas recientes, los dueños de la Empresa Eléctrica fueron norteamericanos. No fue sino hasta el Gobierno de Jacobo Arbenz que se impulsó la construcción de la Hidroeléctrica Jurún Marinalá y que en el Gobierno de Romeo Lucas se construyera la hidroeléctrica de Chixoy, principal generadora de la energía que consume el país.
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Durante los gobiernos de Ramiro de León y ílvaro Arzú y dirigentes de la Cámara de Industria como Víctor Suárez, públicamente abogaron por la creación de las condiciones y normas que permitieran la cogeneración privada y la privatización de las empresas comercializadoras.
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Mediante diferentes negociaciones se otorgaron productivos, ventajosos y rentables contratos de cogeneración, lamentablemente la casi totalidad de los mismos se fundamentó en generación a base de derivados de petróleo y carbón, muy pocos a base de generación hidráulica, hecho que obliga permanentemente a que la tarifa al consumidor aumente.
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El Partido de Avanzada Nacional, PAN, no quiso escuchar el planteamiento insistente que la privatización de ese servicio público, igual que la telefonía, debía de hacerse a través del capitalismo popular; es decir, que hasta un 60 por ciento fuera adquirido por un socio que tuviera la capacidad técnica y económica para administrar y dirigir, que el 40% del valor en acciones fuera propiedad de miles de accionistas guatemaltecos empezando por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y así lograr que las utilidades que indudablemente se iban a producir no se concentraran en inversionistas extranjeros sino que el 40% se distribuyera entre guatemaltecos y así cada vez que se produjese un aumento de costos y de utilidades no todo se fuera al extranjero sino que el 40 por ciento quedase distribuido en el IGSS y miles de pequeños inversionistas chapines.
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Aunque el PAN reconoció que la idea que le planteamos era adecuada, de todas formas no la aplicaron y vendieron las distribuidoras de energía, el servicio telefónico a seis empresas donde más del 95 por ciento es capital que invirtieron personas no guatemaltecas.
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¿Qué se puede hacer? Muy poco, en el mejor de los casos puede sugerirse, estimularse la recompra de parte de las acciones de las empresas propietarias por capital guatemalteco, claro está que ello implicará negociación y más negociación porque otra solución legal no existe.
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En cuanto a la tarifa eléctrica domiciliaria, no nos debemos de engañar, si el petróleo sube, la tarifa sube; si no invertimos en hidroeléctricas que valgan la pena, iguales a Chixoy, como las que ya están planificadas y previstas: Xalalá y otras sobre el río Usumacinta a filo de agua para no inundar ningún territorio, no hay manera de suplir la necesidad eléctrica, ni muchos menos evitar que continúe el alza la tarifa domiciliaria, por ello, con todo respeto a los señores alcaldes y a los dirigentes sociales, les digo que el maná sólo cayó una vez del cielo y que los panes y los pescados sólo los multiplicó Jesucristo. Por lo que deben atender este difícil problema social con la verdad, la realidad y mucha capacidad.
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Continuará