El ideal serí­a, por supuesto, que el Estado fuera capaz de cumplir con lo que ofreció públicamente hace pocas semanas el presidente Colom en el sentido de terminar con la contratación de ONG para esos fines, no digamos el tema de los fideicomisos. Pero dentro de las limitaciones que plantea una estructura polí­tica hundida hasta el copete en la corrupción, por lo menos se logra conocer a los que obtienen contratos con el Estado mediante esas normas que la semana pasada dio a conocer el Ministerio de Finanzas Públicas. Claro que podemos decir que en el mar de corrupción no se avanza mucho con estas medidas, pero honestamente hablando debemos reconocer que peor es nada y que al menos se intenta algo para subsanar la incapacidad polí­tica que hay de corregir las cosas. Porque el Presidente tácitamente reconoció que el desorden que hay con las ONG es tremendo y que se tiene que terminar, pero sin darse cuenta que para acabar con esa mala práctica hay que ir al Congreso y resulta que los diputados son los que manejan muchas de las Organizaciones No Gubernamentales que hacen obra pública y por lo tanto no se puede pensar realistamente en que se vaya a acabar el vicio. Rosa Marí­a de Frade está haciendo su mejor esfuerzo por lograr que una iniciativa en tal sentido pase en el pleno, pero la verdad es que resulta del todo improbable que pueda tener éxito porque es como decirles a los diputados que dejen de recibir compensaciones por cada voto que le dan al Gobierno. Supongo que la nueva medida del Ministerio de Finanzas hará que los proveedores que se benefician con el contrato abierto para proveer al Estado, especialmente en temas como las medicinas y los vehí­culos, tengan que salir a luz individualizados con sus nombres y no bajo la sombrilla protectora de sociedades anónimas con acciones al portador. Y eso nos lleva al otro punto, en relación con acabar con esa práctica tan común en las sociedades accionarias, porque otra vez tenemos que ir al Congreso de la República y como pasa con todo cambio en verdad importante para el paí­s, todo mundo puede estar convencido de su importancia y hasta de su urgencia, pero las esperanzas se terminan en el mismo Congreso porque allí­ no se legisla con base en la razón sino con base en los intereses particulares de los diputados y de sus titiriteros. La lucha contra la corrupción y en pos de la transparencia demanda cirugí­a mayor que se entrampa polí­ticamente. Por ello, mientras tanto, hay que reconocer que es mejor tener un analgésico que nada y dentro de las dificultades que plantea el control de los mafiosos del aparato nacional, este paso de Finanzas al menos abre algún resquicio.