Era el lunes pasado. Lunes 26 de abril de 2010. Aniversario del asesinato de monseñor Gerardi. Era el lunes después de que los reos tomaron el control del Sistema Penitenciario (y que nadie sabe si aún tienen el control). El lunes de una semana después de que la Primera Dama dejó de ser presidenta de Cohesión Social. Un lunes cualquiera del tercer año de gobierno de ílvaro Colom.
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Ese lunes, el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, también había implementado alerta roja en la Policía Nacional Civil, ante los ataques que habían sufrido el fin de semana pasado.
Es, sin duda, un mal mensaje que envía el Gobierno al no enfrentar con fortaleza a los reclusos y mostrarse vulnerables ante ataques, no del crimen organizado, sino de pandilleros que son meros ejecutantes de órdenes. Un mal mensaje se envía que, cuando en nuestra supuesta cárcel de máxima seguridad, los reos hacen lo que quieren y obligan al Estado a hacer lo que ellos quieren.
Por eso, cuando el presidente Colom convocó a todo el Gabinete de Gobierno, para ofrecer un mensaje a la población, yo pensé que era para enviar un mensaje fuerte contra el crimen organizado y crimen común, para indicar que no permitirían abusos. También, pensé que enviaría un mensaje a la población para que mantenga la calma y la confianza, sobre todo por un Gobierno que hará lo posible y lo imposible para que los delincuentes dominen al Estado.
Pero no fue así. Anunciaron un simulacro de terremoto. Para junio. Que ellos son socialdemócratas y respetan la vida de los delincuentes. «Mano aguada», le decían en las elecciones.
No dudo que es bueno que el país programe simulacros de terremoto, no sólo a nivel nacional, sino también departamental, municipal y regional. También simulacros de otros desastres. Pero, lastimosamente, el Gobierno no siente el «terremoto de delincuencia» que nos azota. Y para ello no hubo simulacro.
Quizá, pensé, el Gobierno no quiso dar importancia a los hechos que sufrieron en las cárceles y los policías, para no sobrealertar a la población y restar el efecto de los ataques (pues, la mediatización de estos hechos fortalece al crimen). Pero no creo que haya sido conveniente haber utilizado una estrategia de comunicación (mensaje a nivel nacional con todo el Gabinete) para un anuncio que no afecta en el inmediato plazo a la población.
Me imagino -y comparto ese temor- que los «analistas» (si es que los tiene) del Gobierno informaron sobre las altas posibilidades de un terremoto, y que si un sismo de fuerte magnitud nos azota, sería realmente desastroso para el país; y que por ello, sería bueno hacer el simulacro para preparar a la población. Sí, es positivo, pero a la par, el Gobierno debe atender tantas otras necesidades de la población que están provocando más muerte que un hipotético terremoto.
¿Cuántos muertos podría provocar un terremoto en el país? ¿100, 250, 1000, 3000? ¿Y cuántos niños mueren por desnutrición al año en el país? ¿Cuántos mueren por impactos de bala? Sin duda, si sumamos los muertos por la violencia y por la pobreza en un año, superarían a los muertos por un terremoto. Desde ya, la muerte cotidiana supera a la muerte que se producía en tiempos de guerra.
Quiero reiterar que mi queja no es contra el simulacro de terremoto, sino por la poca acción que hay contra los problemas que no son hipotéticos; sólo de esa forma, el actual Gobierno dejará de ser un simulacro de gobierno.
(Unas preguntas finales: ¿Cuánto costará el simulacro de terremoto? ¿De qué forma se puede fiscalizar un gasto que puede ser encasillado dentro de los rubros de seguridad nacional -es decir, protegidos por privacidad-? ¿De qué forma se puede fiscalizar un gasto de «emergencia», cuando es difícil fiscalizar los gastos planificados?)