Definitivamente el sistema no funciona


La idea de despolitizar ciertos nombramientos para darle al mundo académico un peso especí­fico a la hora de postular candidatos surgió como gran novedad en el Consejo de Estado de Rí­os Montt cuando se discutí­a la integración de un Tribunal Supremo Electoral que debí­a ser ajeno a los vaivenes polí­ticos. En ese momento pareció genial la ocurrencia porque para conformar la autoridad electoral colegiada se requerí­a que las universidades, los decanos de las facultades de leyes y el Colegio de Abogados hicieran una propuesta que, teóricamente, se integrarí­a con los profesionales más destacados y honorables.

Oscar Clemente Marroquí­n
ocmarroq@lahora.com.gt

Y de hecho el sistema funcionó al principio, tanto que el modelo se propagó para otros cargos de importancia, hasta que los pí­caros se dieron cuenta que la jugada estaba en controlar las decanaturas, las universidades y el mismo colegio profesional, lo que politizó al mundo académico porque obviamente no se iba a dejar a la libre el control de todo el sistema de administración de justicia. Hoy en dí­a podemos decir que lo que empezó como una gran idea terminó con efectos totalmente negativos porque se volvió a cumplir aquella vieja máxima que tanto nos repitió en el mismo Consejo de Estado el gran amigo, abogado César Augusto Toledo Peñate, en el sentido de que «hecha la ley, hecha la trampa». Se ha llegado a un punto tal en el que los distintos grupos de la llamada sociedad civil asumen un enorme protagonismo por la necesidad de controlar las componendas polí­ticas entre grupos clandestinos, polí­ticos de turno y los miembros de las comisiones de postulación, pero ello ha tenido también un efecto perverso porque dentro de la misma sociedad hay grupos que tienen su propia agenda inconfesada y que la anteponen a los intereses nacionales. De esa cuenta es cada vez más evidente que los mejores no aspiran a ser postulados porque nadie quiere que su nombre sea despedazado por ese escrutinio que no siempre es objetivo y que expone a mucha gente honorable a una vindicta totalmente injusta. Algunos profesionales a los que les he preguntado por qué no presentaron su papelerí­a para ser tomados en cuenta ahora que se realizaba el proceso de elección de fiscal me han dicho que por babosos, sabiendo que los van a agarrar como tambor de jubileo con o sin razones, toda vez que al final de cuentas es un intenso juego polí­tico el que se está dando y en lo que menos se piensa es en el paí­s. Hay que decir también que algunos decanos de facultades de Derecho que se las llevan de muy honorables terminan jugando el papel de muertos en el proceso porque deliberadamente dejan de darse cuenta de todo lo que está ocurriendo y aceptan el control que ejercen los que tienen la sartén por el mango sin denunciar los arreglos bajo la mesa que se dan. Decir que no se dan cuenta de los mismos es vernos la cara de babosos a todos porque la componenda salta a la vista y en el caso del Fiscal General lo corroboró la forma en que se procedió a toda velocidad a integrar la lista para enviarla a la Presidencia. Definitivamente el sistema de postulación ya no da para más y fue tan manoseado y contaminado polí­ticamente que al final el remedio vino a ser peor que la enfermedad, como pasó con muchas de las instituciones que se crearon en el nuevo marco constitucional. Pero siempre estaremos frente a la dramática realidad de que una buena idea termina con aquello de que «hecha la ley, hecha la trampa».