Ni tanto que queme al santo ni tan poco que no le alumbre, reza el refrán. Y es que ni es aceptable que las fuerzas de seguridad entren a un reclusorio a asesinar a reos que resultan incontrolables, ni que ante la presión de los internos cedan para dar la sensación de que son los criminales los que tienen el control de los centros de detención. La receta está en la aplicación correcta y certera de la Ley, para que los que se encuentran en prisión actúen como detenidos y se les preserven sus elementales derechos. Es absolutamente comprensible la situación de un Ministro y de su Presidente cuando se enfrentan al hecho consumado de que guardias de presidios son tomados como rehenes y se amenaza con matarlos a cambio de que se cumpla con una serie de exigencias. No puede ser fácil evaluar la situación y tomar decisiones bajo tan extrema presión, pero tampoco es edificante que se les enví­e a los delincuentes el mensaje de que el Estado se rinde ante sus exigencias. Repetimos que es comprensible la dificultad para tomar decisiones porque está de por medio la vida de inocentes, pero es obvio que tienen que empezar por tomar medidas para disminuir el riesgo de los guardias de presidios para que no sean presa fácil de los delincuentes. Sale otra vez a luz la ausencia de planes y de un criterio de las autoridades para enfrentar los problemas de la delincuencia, puesto que no atinan a reaccionar de manera coherente. Ni en circunstancias sencillas ni mucho menos en las más complejas, pueden darnos a los ciudadanos una seña de madurez para dirigirnos hacia la construcción de un sistema de mayores garantí­as y seguridad en el marco mismo de la Ley. El mensaje que le dieron a los pandilleros es terrible, porque se les dijo que el gobierno no está en capacidad de aplicar la Ley y que, bajo la suficiente presión, termina cediendo ante los delincuentes.