ílvaro Colom, como mandatario de la Nación, debe tomar decisiones determinantes para el país, sin embargo, existen temas sobre los que no se ha pronunciado: el caso Perenco, la elección del Comisionado contra el Contrabando y la elección del Fiscal General son sólo algunos de los asuntos sin resolver.
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El Presidente es quien representa la unidad nacional y debe velar por los intereses de toda la población, no obstante siempre se encuentra con decisiones que implican el beneplácito de un grupo y el rechazo de otro.
Actualmente existen cuestiones de interés nacional sobre los que el mandatario aún no toma una decisión, esto argumentando que se debe tomar «el tiempo que sea necesario» para ello.
Para analistas, actualmente existen temas importantes de resolver y que han sido postergados debido a que el mandatario se enfoca en otros temas o actividades.
Hoy ha trascendido que la Comisión de Postulación debe repetir el proceso para la elección del Fiscal General. Con seis nombres en un listado, entregado por dicha Comisión, el Presidente tiene pocas opciones para nombrar al próximo Fiscal General y jefe del Ministerio Público.
Sin embargo, debe ser muy cuidadoso de no ser parte de los potenciales arreglos que la Comisión de Postulación pueda alcanzar, según analistas. La Comisión Internacional de Juristas había solicitado al mandatario que devolviera la lista por posibles arreglos políticos realizados «debajo de la mesa». Mientras tanto, el Gobierno anunció que el gobernante una vez reciba la lista definitiva «se tomará el tiempo que considere necesario» para decidir sobre este tema.
Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento por Justicia, la decisión debe ser bien analizada, pues es de gran importancia para el país.
Otros analistas coinciden en que la decisión es trascendental para el país, porque de ella depende la institucionalización del Ministerio Público; sí se elige a un Fiscal que no velará por combatir la impunidad en el país, el próximo gobernante (si no es oficial), procederá como lo han hecho sus antecesores y lo removerá del cargo, lo que puede significar atrasos en la agenda de justicia y seguridad, dicen.
Los ejemplos recientes son las remociones de Carlos de León Argueta y Juan Luis Florido Solís.
El contrato 2-85, otorgado a la empresa Perenco Guatemala Ltd., en 1985, vence el próximo 13 de agosto; el mandatario debe dictaminar si se amplía por 15 años más dicha concesión, esto, tomando en cuenta la postura del ministerio de Ambiente, que se opone a la extracción de más petróleo del campo Xan, y la cartera de Energía y Minas, que la apoya.
Luego de los dictámenes presentados por ambas carteras, el mandatario sobrevoló la reserva ecológica Laguna del Tigre y comunicó que a su parecer, la depredación del lugar se debe al narcotráfico y la ganadería. Nada dijo sobre el petróleo. Analistas estiman que si el petróleo no es la causa del deterioro de la laguna, se debería hablar el tema de forma abierta con la población.
Sobre el tema, el ambientalista Yuri Melini, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, (CALAS), respalda la posición de Ambiente y Recursos Naturales, que considera ilegal una prórroga al contrato.
Entre las acciones promovidas por los ambientalistas se encuentra una acción de amparo en contra del ministro de Energía y Minas, Carlos Meany, que fue presentada ante la instancia correspondiente. Además, se presentó una petición formal al Presidente para que éste desista de otorgar la prórroga.
De no atender esta petición ya se han establecido las acciones que se realizarán, tanto a nivel nacional como internacional, asegura el representante de CALAS.
Así, el Presidente se debe decantar por el tema ambiental y por el tema económico, pero tanto en uno u otro, habrán inconformidades. «Sea cual sea la decisión, que el ganador sea el país y no los obscuros acuerdos entre las partes», dijo un lector de Diario La Hora en la página de Internet.
Con el objetivo de fomentar la transparencia en el Estado, el gobernante indicó durante una emisión de su programa radial Despacho Presidencial, haber girado la orden específica a todos los ministros para dejar de utilizar organizaciones no gubernamentales para la ejecución de obras públicas. Hasta este momento, no se ha pronunciado de nuevo respecto al uso de los fideicomisos para ejecutar el presupuesto de la Nación.
«El día de hoy si está listo el acuerdo, sino a mi regreso mañana, se suspenderá, se prohibirá en todas las instituciones del Estado la utilización de ONG para construcción y suministros», aseguró el mandatario, pero hasta ahora ese acuerdo aún no se publica.
Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, (ASIES), indica que el anuncio es positivo, pues con esto se busca la transparencia en la ejecución presupuestaria para el gasto público.
Prado señala que esta medida debe aplicarse, porque en algunas ocasiones no es claro como se ejecutan los recursos del Estado, «y los impuestos que pagamos los guatemaltecos deben ser utilizados correctamente para alcanzar el desarrollo social», indica.
El analista también opina que las instancias fiscalizadoras deben continuar al pendiente de la ejecución de los recursos y que las entidades deben realizar la entrega de informes periódicos en busca de transparencia, además que cualquier ciudadano pueda ejercer auditoría sobre los gastos.
La gran tarea pendiente del Ejecutivo en este tema son los Fideicomisos, reconocen fuentes oficiales. Esperan que sean un esfuerzo conjunto de todo el organismo, pero que sobre todo, sea liderado por el mismo Presidente de la República.
El Ejecutivo se comprometió a poner en marcha el planteamiento de una Comisión contra el Contrabando y la Evasión Fiscal, que fue planteada por el sector empresarial como una medida para mejorar los ingresos del Estado.
Sin embargo, a la fecha aún existe un desacuerdo entre el empresariado y el Gobierno, pues el primer grupo asegura que debe ser el Presidente quien nombre al encargado de la comisión, mientras el mandatario aún no presenta a los posibles candidatos.
Hasta el momento, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (CACIF) aún se encuentra a la espera de lo que señale el Ejecutivo, pues ya se envió al mandatario el perfil que debe llenar el funcionario que ocupe el puesto.
Carlos Tárano, vocero del CACIF, insiste que es el mandatario quien debe nombrar al comisionado, a quien se le ha denominado como «zar» contra el contrabando.
Hasta ahora se ha quedado pendiente este tema, aunque para los empresarios debe ser prioridad combatir estos problemas para mejorar los ingresos fiscales y no se muestran de acuerdo con la aprobación de una reforma fiscal para ello.
Analistas estiman que el nombramiento no se ha dado por parte del Ejecutivo como consecuencia que no se ha logrado la Reforma Fiscal.
Incrementar los recursos del Estado es lo que pretende el presidente ílvaro Colom con la aprobación de la Reforma Fiscal y la emisión de Bonos del Tesoro. Actualmente, en el Congreso de la República se encuentra una propuesta, llamada «reformita» por los empresarios, quienes no están de acuerdo con su planteamiento.
Anterior a esta propuesta, el mandatario había presentado dos iniciativas. Una que incluía el aumento a los impuestos Sobre la Renta y de Solidaridad e iniciar con un gravamen a la telefonía celular, la cual fue desechada por el Ejecutivo.
Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) opina que el mayor daño que se causa al país con esta reforma es posponer otros temas de interés nacional, debido a la indecisión de los negociadores para aprobarla o rechazarla.
A decir del consultado no se genera certeza en lo que se va a aprobar, pues se han realizado modificaciones a la propuesta original, así como existe incertidumbre en la extensión de la reforma.
«Dependiendo de lo que se apruebe, puede existir un efecto negativo sobre la generación de empleo», señala el analista del CIEN, al tiempo que advierte que el Gobierno no va a retirar su propuesta de reforma hasta el último día de mandato e incluso va a mantenerla «hasta por necedad».
El Gobierno por su parte insiste en la necesidad de fondos para poder continuar con su agenda social de combate a la pobreza. En ese sentido, los opositores hacen un llamado para que esa agenda social sea sostenible y de largo plazo, para que en cierta cantidad de tiempo los Q300 sean sustituidos por un empleo generado por un esfuerzo conjunto de empresarios y gobierno. Además, demandan que no se descuiden temas con grandes rezagos, como la seguridad y la salud.
El indulto a la pena de muerte ha quedado en manos del Presidente de Guatemala; este tema es para el Ejecutivo un asunto que requiere de mucho análisis, y que además debe quedar resuelto en las entidades de justicia correspondientes.
La situación en la que se encuentra el gobernante sobre este tema es considerada como «irresponsable», por parte de miembros de la Presidencia, pues se considera que se «unipersonaliza» la impartición de la justicia.
Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, (ODHAG), considera que el tema se vuelve complicado, porque el indulto es un derecho del reo a que se le perdone la vida, pero ve un problema en que el Presidente no tiene la facultad de decidir sobre la vida de una persona, además que esto representa una intromisión de un poder del Estado en las decisiones de otro poder.
«El indulto debe existir como derecho, pero se debe analizar quién lo decide», señala el representante de la ODHAG.
Rodenas opina que es una irresponsabilidad que deba ser el gobernante quien decida sobre perdonar o no a un condenado, pues esto debe quedar resuelto en las instancias judiciales o en todo caso, señala, en una instancia mixta.
La utilización de un avión privado para la realización de sus viajes, es un tema que el presidente Colom debe analizar cada vez que sale del país.
En su viaje a Colombia, el Presidente utilizó el Avión Presidencial y su vocero dijo que lo utilizaban a pesar del estado del mismo, pero con el afán de evitar críticas.
Lo anterior, responde a las críticas que recibió el Presidente por la utilización del avión privado de la entidad Tomza, a quien le fue suspendida una obra luego que el Consejo Nacional de íreas Protegidas dictaminara que no se había extendido el permiso necesario para su edificación en Punta de Manabique, Izabal.
El uso del avión y la construcción de la planta fue visto por la opinión pública como pago de favores. Sin embargo, el Ejecutivo y Tomza, negaron que existiera tal extremo.
Ejecutivos de Tomza argumentan que han cumplido con la ley y que se han dado a la tarea de mostrar los beneficios que la instalación de dicha planta traería al sector.
En el pasado, el Presidente también utilizó el avión privado de la empresa Cabcorp, de quien uno de sus directivos fue funcionario de la actual administración.