Doce años pasaron desde el crimen que conmocionó a Guatemala. Monseñor Gerardi, el obispo que promovía la búsqueda de la justicia y la reconciliación -tras el conflicto armado interno-, fue asesinado dos días después de presentar un informe sobre violaciones a derechos humanos. Por este crimen guardan prisión tres personas, sin embargo, no sale a la luz toda la verdad.
ecoronado@lahora.com.gt
Dos años después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1998, un trascendental crimen conmocionó al país por completo. Una vez más, el Estado se veía intervenido por las fuerzas oscuras de un pasado que no había quedado atrás.
Era el 24 de abril; monseñor Juan José Gerardi Conedera, entonces director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), presentaba el informe «Guatemala: Nunca Más», en el que a través de testimonios responsabilizaba de forma directa al Ejército, a las patrullas civiles patrocinadas por el Estado y a los escuadrones de la muerte del 90 por ciento de las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
Dos días después, el 26 de abril, Gerardi fue brutalmente asesinado. Mientras entraba en su casa, en la Parroquia de San Sebastián, fue golpeado en el rostro con un objeto contundente que le ocasionó una muerte instantánea.
Tres años después, el 8 de junio de 2001, los tribunales establecieron la existencia del delito de ejecución extrajudicial contra Gerardi y responsabilizaron como autores mediatos a los militares Byron Lima Estrada, capitán Byron Lima Oliva y al ex especialista del Ejército Obdulio Villanueva; el sacerdote Mario Orantes Nájera fue identificado como cómplice.
Pasados 12 años del crimen, uno de los culpables fue asesinado y los otros tres piden su libertad anticipada, luego de cumplir la mitad de la condena que un tribunal les impuso. Sin embargo, todavía giran dudas en torno a lo que sucedió tras el asesinato del religioso.
INVOLUCRADOS
A casi nueve años de la sentencia emitida contra los militares Lima Oliva, Lima Estrada y Villanueva -quien fue asesinado en prisión-, y contra el sacerdote Orantes, la Fiscalía Especial que investiga ese crimen dio a conocer al menos 12 nombres más, de personas que posiblemente participaron en ese hecho.
En el proceso, el Ministerio Público individualizó a las personas «sospechosas» de haber tenido participación, sin embargo, por falta de pruebas y la contaminación de la escena del crimen, no se consiguió demostrar las imputaciónes contra los presuntos implicados.
A criterio de la ODHAG, el caso fue obstaculizado por el accionar de algunos funcionarios del Ministerio Público, pese a que en ese período se intentaba concluir con las investigaciones.
En su defensa, la Fiscalía afirmaba que no se había accionado contra los otros implicados debido a que la sentencia contra tres militares y un religioso no estaba firme debido a los recursos que estos interpusieron.
Según las pesquisas, se trataba de un grupo de jefes militares de la época y oficiales del Estado Mayor Presidencial (EMP) durante el gobierno de ílvaro Arzú. Cabe añadir que durante la sentencia el Tribunal apuntó que el crimen contra monseñor Gerardi fue perpetrado «con la ayuda de recursos y personal del Estado».
Entre los sospechosos también figuran personas que prestaron un «falso testimonio» durante el desarrollo del debate contra los ahora condenados.
Entre los militares investigados se nombró a Rudy Vinicio Pozuelos Alegría, ex jefe del Estado Mayor Presidencial; Francisco Escobar Blass, segundo jefe; Eduardo Villagrán Alfaro, jefe de Servicios; René Alvarado Fernández, entonces secretario de esa dependencia, y Darío Morales García, quien tomó fotos de la escena del crimen.
También se mencionó a Ricardo Moscoso Celada, quien «despareció sin dejar rastro», según la Fiscalía.
Sin embargo, hasta ahora el MP no ha accionado contra los sospechosos pese a que el Tribunal que presidió el juicio contra los hoy condenados ordenó certificar lo conducente contra estos.
VERDAD OCULTA
A decir de muchos, la verdad de lo ocurrido todavía sigue oculta. Mauro Verzeletti, de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, recordó una de las frases conmemorativas de Gerardi: «conocer la verdad duele, pero es sin duda una acción saludable y liberadora».
«La verdad duele pero hay que conocerla, porque donde no existe verdad existe impunidad», señaló el religioso, quien dejó en claro que es muy importante que se mantenga la memoria de Gerardi y de los mártires, «porque esa memoria nos recuerda que tenemos un compromiso renovador para buscar la nueva Guatemala que tanto anhelamos».
El entrevistado dijo que en cuanto a la violencia cada vez más se incrementan los esfuerzos por buscar la verdad y «toda la verdad no está siendo puesta a la luz del día con relación al asesinato de Monseñor Gerardi», por lo tanto hay muchas cosas ocultas que no han sido esclarecidas.
Una de las principales dudas que giran en torno al asesinato del Obispo, es la autoría material del crimen y la implicación que tendrían ex oficiales del Estado. De acuerdo con Verzeletti, es un crimen que todavía no se resuelve, en el que «hay más sombras que luces».