La resolución del juzgado Sexto de Primera Instancia Civil, que dejó sin lugar la lista de seis candidatos que entregó la Comisión de Postulación para nombrar al Fiscal General de la República, detiene el proceso y obliga a que sea pública la discusión sobre la honorabilidad de los candidatos de conformidad con la Ley. Constitucionalmente, el tema de la honorabilidad es fundamental dentro de los requisitos para ocupar el cargo de jefe del Ministerio Público.
La diputada Nineth Montenegro, ponente de la Ley de comisiones de postulación, impugnó el proceso por la forma en que procedieron los postuladores específicamente en el tema de la honorabilidad que no fue discutido de manera pública y ahora el Juzgado ordena al Presidente abstenerse de nombrar al Fiscal de la lista recibida y que el proceso debe repetirse a partir de la discusión de la honorabilidad. Por supuesto que siendo un Juzgado de Instancia el que resolvió, podemos dar por sentado que habrá impugnaciones tanto de los miembros de la Comisión postuladora como de los seis abogados cuyos nombres aparecían en las listas y que sentirán que se les perjudica en un derecho adquirido, pero no sería raro llegar a una situación similar a la del Instituto de la Defensa Pública Penal cuyo Director no ha sido nombrado porque resoluciones judiciales ordenaron la repetición del proceso. A finales de la semana pasada la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió juicio de valor sobre el nombramiento y recordó que la Corte de Constitucionalidad ya había actuado tanto en el caso del IDPP como en la elección de los magistrados del Organismo Judicial, ordenando en ambos casos volver a integrar listados. En otras palabras, a la luz de los antecedentes no sería extraño que la misma CC disponga al final de cuentas que se debe repetir el proceso tal y como lo ha resuelto el Juzgado que conoció de la impugnación presentada por la diputada Montenegro. Se sabe que algunos aspirantes que fueron marginados se quejan de haber sido utilizados por gente del Gobierno que luego los dejó fuera, dando a entender que operadores políticos del entorno de la pareja presidencial influyeron para conformar la lista final. Entre quienes mostraron su malestar por esa «marginación» se menciona al actual Fiscal General y a la Secretaria General del Ministerio Público. El manoseo político de los procesos de postulación es burdo y descarado y corre a cargo de diputados oficialistas que se encargan de girar instrucciones a decanos de las facultades, al mismo Presidente de la CSJ y a otros integrantes de las comisiones postuladoras.