Los periodistas hondureños están en total indefensión ante una ola de asesinatos que ya dejó ocho víctimas en lo que va del año, los que pueden quedar impunes por la ineficacia de las instituciones del Estado, reconocieron funcionarios y activistas de derechos humanos.
El último de estos crímenes ocurrió el martes pasado, cuando un desconocido le disparó un tiro en la cabeza al periodista Georgino Orellana tras salir del canal de televisión en que trabajaba en la ciudad norteña de San Pedro Sula.
Ninguno de estos asesinatos, que han sido condenados por entidades internacionales de prensa, ha sido esclarecido por las autoridades hondureñas.
El ministerio de Seguridad ofreció una recompensa equivalente a unos 13.000 dólares a quien proporcione información para dar con los asesinos de Orellana, en un país que tiene una de las mayores tasas de homicidios en América Latina.
«Hemos venido sustentando, incluso en la embajada de Estados Unidos, que en Honduras se vive en un estado de total indefensión y de impunidad», expresó el sociólogo Osman López, presidente del no gubernamental Comité por la Libre Expresión.
El presidente Porfirio Lobo anunció ayer que ordenó a los cuerpos policiales «que agoten los medios necesarios» para esclarecer los asesinatos de los periodistas e informó que ha pedido ayuda extranjera para investigarlos, en particular a España, Colombia y Estados Unidos.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, aseguró que «de todos los casos que hemos visto, en ninguno nos ha dado ninguna señal de que haya un grupo organizado queriendo silenciar a los periodistas».
Sin embargo, defensores de los derechos humanos sospechan que tras los crímenes están grupos que buscan silenciar a los periodistas, sin que las autoridades puedan garantizarles su seguridad.
«Aquí el problema es que el Estado no está garantizando la vida de nadie, inclusive de los periodistas, que pueden llegar a la autocensura por temor», añadió López.
El sociólogo destacó el caso de Manuel Palacios, asesinado el 14 de marzo en Tocoa (noreste), «que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», con sede en Washington, por haber sido amenazado por militares por defender al ex presidente Manuel Zelaya, derrocado en el golpe de Estado de junio de 2009.
En tanto, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Andrés Pavón, destacó que el presidente Lobo, quien asumió el gobierno en marzo pasado, «manifestó su política de respeto a los derechos humanos y a ser tolerante, por lo que se ve que (los crímenes de periodistas) no son una política de Estado».
«Pero sí hay grupos que quieren tener el control de espacios políticos y sus privilegios y grupos del crimen organizado que quieren atemorizar a los periodistas», agregó Pavón, un crítico del golpe de 2009 que derrocó a Zelaya.
«Se está viendo un Estado cautivo por el crimen organizado y se debe definir una política de Estado para reducir los riesgos de la criminalidad», subrayó el activista de derechos humanos.
El comisionado estatal de Derechos Humanos, Ramón Custodio, reconoció que «el gremio periodístico entero se ha convertido en un grupo vulnerable», mientras el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Elán Reyes, exhortó a sus colegas que «mantienen programas de opinión» tener «mayor cuidado», tal como el ministro Alvarez les aconsejó hace unas semanas.
Osman López
Presidente del Comité por la Libre Expresión.