La Comisión de Postulación para designar al nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público entregó al presidente ílvaro Colom el listado de seis juristas que a criterio de esa Comisión, tienen los méritos y calificaciones para optar a ese alto cargo. La decisión final está ahora en manos del presidente Colom, quien deberá seleccionar a la persona idónea que tome la responsabilidad de conducir el ente encargado de la investigación criminal. Sin duda, la decisión presidencial es una excelente oportunidad para enderezar la justicia y devolver la credibilidad que el Ministerio Público ha perdido debido a la ineficacia e ineficiencia que hasta ahora ha mostrado en las investigaciones. Para nadie es un secreto que esta institución es cuestionada por el débil y escaso resultado de su trabajo, el tráfico de influencias, la interferencia de poderes paralelos, la penetración del crimen organizado, la falta de independencia, el alto nivel de impunidad existente y la corrupción que hasta hoy rodea a dicha entidad del Estado.
Es adecuado reconocer que a partir de la vigencia de la Ley de las Comisiones de Postulación, el procedimiento de selección de candidatos para optar a ciertos cargos públicos, ha resultado ser algo más transparente, participativo y democrático que el pasado, aunque no exento de presiones y manipuleos debido a intereses funestos de grupos políticos, empresariales y redes criminales que son los que se empeñan en mantener la impunidad, obstaculizar las investigaciones, distorsionar la justicia y socavar el Estado de Derecho. Ese intento ocurrió con la reciente elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y también ahora, cuando se habla de que en el listado de escogidos, puede haber aspirantes con tacha, que responden a intereses de grupos económicos y políticos. Por ejemplo, allegados al presidente Colom o a poderes fácticos, que de ser cierto, llegarían al Ministerio Público a mantener el estado de cosas, salvaguardar los intereses corporativos y mantener el manto de impunidad.
Si de verdad hay voluntad política de cambio, este es el momento para empezar a remover toda la suciedad que ha empañado el trabajo del MP. La población espera del presidente Colom una actitud responsable alejada de intereses sectarios, seleccionando a quien reúna calidades profesionales y humanas, con comprobada vocación de servir con honradez y experiencia, compromiso con la justicia y probidad profesional. Es de suponer que los escogidos tienen la solvencia requerida para el cargo en mención.
En la nómina hecha pública, sobresale la licenciada María Eugenia Morales de Sierra, a quien conozco como profesional capaz, valiente, decidida y proba, sobretodo como mujer de carácter firme, principios éticos y morales sólidos y una conducta profesional y ciudadana intachable. La licenciada Morales de Sierra acumula una larga experiencia en la administración pública, como profesional, académica, docente universitaria y funcionaria de los Derechos Humanos.
Me consta su dedicación y esfuerzo por esclarecer varios casos paradigmáticos como la ejecución de Mirna Mack, la desaparición forzada de activistas del Consejo de Comunidades í‰tnicas Runujel Junám, el Jute y otros. Recuerdo cuando en 1993, en defensa del Estado de Derecho y de la Constitución, encabezó la petición de renuncia del golpista Jorge Serrano Elías. Considero que para rescatar la investigación criminal, ella es la más idónea para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.