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La búsqueda de los desaparecidos durante la guerra interna es una cuestión de justicia, recuerdos y dinero, pero sobre todo de verdad, ya que de acuerdo con un estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la mayorí­a de sobrevivientes del conflicto busca a los desaparecidos esperando conocer lo ocurrido durante la época de represión y a la vez, recibir el resarcimiento que les provee el Estado.

«Las familias que sobrevivieron a la violencia tuvieron la fortaleza suficiente para encontrar nuevas motivaciones, pero quieren conocer la verdad, ya que no han perdido la esperanza, y tienen el derecho a saber. En algunos casos, también quieren recibir los beneficios del Programa Nacional de Resarcimiento, pero la motivación es, en general, saber la verdad, terminar con la incertidumbre, cerrar el duelo», refiere el informe.

De acuerdo con el antropólogo Armando Grajeda, la mayorí­a de esas familias espera que el resarcimiento monetario sirva para resolver sus problemas económicos, ya que desde el conflicto vieron reducida toda posibilidad de mejora material, y además, aprovechan el dinero para continuar con la búsqueda de más desaparecidos.

«La economí­a y las finanzas durante la guerra fueron muy complicadas. Además del daño hecho a las cooperativas y otras medios de producción de las familias pobres, el Estado redujo la inversión social al extremo, mientras que la mayorí­a de los fondos para las partidas de desarrollo se desviaron a proyectos bélicos», refiere.

De esa forma, se explica que la mayorí­a de ví­ctimas de la guerra interna ahora se encuentren en una situación económica complicada, y basen sus esperanzas para mejorar económicamente en los aportes monetarios estatales, aunque éstos no contemplen planes de inversión y desarrollo para los beneficiarios.

RESARCIMIENTO INTEGRAL

El Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, señala que el resarcimiento no debe ser únicamente económico sino integral, aunque reconoce la importancia de las transferencias monetarias para las familias afectadas por la guerra.

«Primero serí­a pertinente que les expliquen a las ví­ctimas del conflicto por qué fueron asesinados sus parientes; además, se debe tener un resarcimiento social con los pueblos porque muchas acciones fueron dirigidas hacia ellos, y no sólo a los individuos», señala el Magistrado de Conciencia, a la vez que critica las deficiencias en la ejecución del PNR.

«El problema del programa de resarcimiento es que tiene una alta demanda de las personas afectadas, tiene una mala ejecución y los criterios de quienes son beneficiados no tienen un acuerdo, mientras que la gran mayorí­a de ví­ctimas de la guerra necesita de los fondos para poder sostenerse o invertir en un proyecto productivo».

Asimismo, el Procurador manifestó que han tenido denuncias de personas que manifiestan su malestar por la mala atención que reciben por parte del Programa Nacional del Resarcimiento; «ese es uno de los grandes problemas, ya que hay muchas solicitudes que no son atendidas; existe una serie de requisitos que son ofensivos para las ví­ctimas».

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una entidad que ha trabajado por encontrar desaparecidos durante la guerra interna -que dejó fuera de registros a aproximadamente treinta mil personas-, entre estudiantes, mujeres, lí­deres, profesionales, hombres, campesinos y maestros, también ha criticado la falta de una polí­tica económica para las ví­ctimas.

De esa cuenta, Mario Polanco, director del GAM, comentó que «jamás con un resarcimiento, aunque sea integral, va a sustituir al ser humano». «Las autoridades nada más están utilizando los recursos polí­ticamente para mejorar la imagen del Gobierno; pero por otro lado es considerado como algo muy beneficioso para las pocas personas que reciben ese dinero, a pesar de no saber de su familiar».

Una de las propuestas de las organizaciones sociales, para mejorar la economí­a de las ví­ctimas de la guerra, es que además de entregarles un monto de dinero como resarcimiento, reciban asesorí­a sobre cómo invertirlo, ya que se ha constatado que algunos de los recipientes de la ayuda utilizan los fondos para bienes de poca duración. Incluso, algunos utilizan el resarcimiento para pagar el «enganche» de bienes muebles, mientras adquieren deudas que después no pueden pagar con sus bajos ingresos.

SIN REGISTROS

Uno de los problemas que surge al intentar formular una polí­tica pública, enfocada en la economí­a de las ví­ctimas, es que no existe un registro nacional de desaparecidos y tampoco existe información actualizada para dar cuenta de los avances y obstáculos que caracterizan las acciones emprendidas en favor de los familiares de las personas desaparecidas a raí­z del enfrentamiento armado.

Solo 91 de las 292 familias entrevistadas por la Cruz Roja Internacional indicaron que habí­an reportado su caso a alguna entidad estatal o de otro tipo.

Cabe destacar la situación muy diferente observada en el campo y en la ciudad. Los casos urbanos puestos en conocimiento de alguna institución son una mayorí­a, es decir, el 84 por ciento, mientras que en el contexto rural los casos se sitúan apenas en el 24 por ciento.

Las organizaciones de la sociedad civil son las que más han ayudado a las familias a emprender acciones que les permitan aliviar el dolor, en muchos casos con buenos resultados. Sin las iniciativas, las experiencias y el comportamiento de estas organizaciones, y sin el apoyo financiero de la comunidad internacional, muy poco se hubiera podido alcanzar.

Muchas familias han registrado sus casos en los diferentes espacios que les ofrecen la posibilidad de iniciar la búsqueda. Las organizaciones que han brindado esta asistencia a las familias están en diferentes regiones y tienen limitada comunicación y coordinación, en consecuencia, no existe información sistematizada sobre los casos de personas desaparecidas pendientes, resueltos, cerrados, sin avances. En general, son procesos puntuales.

Otra consecuencia es que hay muchas probabilidades de que algunos casos estén registrados en diferentes organizaciones a la vez. El Ministerio Público ha sido la entidad donde las personas han ido a solicitar la ayuda para encontrar a sus familiares, seguido por varias instituciones u organizaciones no gubernamentales.

Para las familias, el emprender la búsqueda de sus seres queridos ha sido un proceso difí­cil y complejo. Cuando hay información sobre el posible sitio de inhumación, se puede en principio iniciar el proceso de exhumación, el cual requiere la participación activa de las familias, refiere el informe.

De esa cuenta, la participación de una amplia variedad de organizaciones estatales y no gubernamentales, en la búsqueda de desaparecidos, proyectos de resarcimiento, atención a ví­ctimas y desarrollo social, hace más compleja la consolidación de una estrategia integral de atención a las ví­ctimas.

«Definitivamente que sí­ hay ayuda para las ví­ctimas del conflicto, pero lo que no existe es un programa de atención integral; puede que reciban 20 mil quetzales, pero no hay asesorí­a para invertir esos fondos, o un tratamiento psicológico constante para quienes lo necesitan, comenta Grajeda.

RESPUESTA

Según el informe de CICR, el 47 por ciento de las familias entrevistadas han presentado solicitudes ante el PNR para recibir resarcimiento económico, pero hasta la fecha, menos de la mitad habí­an recibido una respuesta.

Una de las dificultades de no presentar las partidas de nacimiento de sus familiares desaparecidos, es porque no fueron inscritos en el Registro Civil, y de los pocos que logran ser inscritos su papelerí­a fue extraviada, quemada o desaparecida por completo, por la guerrilla o por el traslado de las partidas al nuevo Registro Nacional de Personas (Renap).

Los casos de exhumaciones de ví­ctimas del enfrentamiento armado en Guatemala han tenido una importante evolución, las organizaciones de antropologí­a forense, en especial, han adquirido un amplio conocimiento con la experiencia de las exhumaciones, no solo por lo que respecta a los aspectos técnicos, sino también al manejo respetuoso de los restos humanos y a la importancia de tomar en cuenta las necesidades psicosociales de las familias. Estas últimas son generalmente abordadas por organizaciones especializadas.

Las familias que han obtenido información sobre el posible paradero de sus seres queridos acuden a las diferentes organizaciones de acompañamiento legal de la sociedad civil, para solicitar apoyo, presentar la denuncia al Ministerio Público (MP) y pedir la autorización de exhumación.

El memorial presentado al MP debe llevar el dato exacto de las personas que se están buscando, de la posible ubicación de la fosa y de los hechos que provocaron la muerte.

Durante el enfrentamiento armado en Guatemala, de acuerdo con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), se estima que hubo cerca de cinco mil niños desaparecidos o separados forzosamente de sus familias.

Desde 1999, diversas organizaciones de la sociedad civil han emprendido un recorrido metodológico para la búsqueda de la niñez bajo la hipótesis de que es posible encontrarlos vivos.

Se estima que de los casos documentados, cerca del 10 por ciento se han resuelto, sin embargo, el 90 por ciento restante depende completamente de la información disponible en archivos y documentos en que consta que fueron dados en adopción, a veces en otros paí­ses involucrados, y su tramitación exige más recursos económicos y humanos.

Las familias siguen esperando noticias y las que ya han tenido la dicha de establecer el paradero de sus hijos e hijas deben esperar, de todas formas, por falta de mecanismos adecuados para agilizar los procesos.