El presidente de una comisión independiente que elabora estrategias para combatir el crimen y la impunidad en Guatemala concluyó ayer que es necesaria una respuesta «transnacional» a la amenaza de narcotraficantes y el crimen organizado.
«Estamos en una región donde las amenazas son obviamente transnacionales y la respuesta debe ser transnacional también», dijo a periodistas Carlos Castresana, un español que preside la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El experto subrayó que durante la guerra civil de 36 años que finalizó en 1997, los «violadores de los derechos humanos fueron (parte del) Estado… pero en la actualidad los principales violadores, los principales abusadores son actores no estatales».
Se refería en particular a los narcotraficantes, que han infiltrado amplios sectores de la sociedad guatemalteca, incluyendo las Fuerzas Armadas, y han convertido al país en un centro de distribución de cocaína y otras drogas con destino en Estados Unidos.
El mes pasado fueron arrestados los dos principales jefes de la Policía bajo cargos de narcotráfico y asesinato, lo que generó diversos llamados a que se implementen reformas.
Castresana -que habló en conferencia de prensa junto a la premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú, el ex vicepresidente Eduardo Stein y el director del diario Prensa Libre, Gonzalo Marroquín- destacó sin embargo algunos éxitos de la Cicig desde su creación en 2007.
Dijo que casi 2.000 oficiales de policía, o 15% de la fuerza nacional, fueron dados de baja acusados de corrupción, al igual que un Fiscal General, diez fiscales y tres jueces de la Corte Suprema.
Unas 130 personas, que en el pasado eran consideradas intocables, fueron sometidas a procesos penales, entre ellas un ex presidente, ex ministros de Defensa y Finanzas al igual que dos directores de policía en funciones.
«Hemos sido capaces de identificar policías confiables y comprometidos, fiscales y jueces que nos ayudan a cumplir con nuestro mandato, el de cambiar el país», agregó.
Castresana dijo que se trata de un «punto de quiebre» que fue posible gracias al apoyo de la amplia mayoría de los guatemaltecos.
Menchú dijo por su parte que gracias a la Cicig «el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción son perseguidos por primera vez en la historia» del país.
El director de Prensa Libre, Gonzalo Marroquín, recordó que en su país «lo que comenzó como un manto de impunidad para el personal militar se convirtió en un manto de impunidad para el crimen organizado, para la corrupción y en términos generales para todos aquellos que intentaron lograr importancia política y económica».
El periodista estimó que la ONU dio la posibilidad a Guatemala de luchar contra la impunidad gracias al impulso de la Cicig.
La Cicig fue creada bajo un acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala y se le ordenó investigar y promover la condena de las organizaciones ilegales de seguridad.
Estos poderosos grupos clandestinos son acusados de frecuentes ataques contra defensores de los derechos humanos, de estar envueltos en corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia política.