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Jorge Antonio Rojas Mejí­a, de 30 años, fue asesinado esta mañana por un guardia privado de un carro repartidor de gaseosas, en la 31 avenida, frente al 20-10 de la zona 5.

Sonia Mejí­a, relató a los Bomberos Municipales, que su hijo sufrí­a problemas mentales -aparentemente por las secuelas del consumo de alucinógenos- y por eso tení­a ese comportamiento, que hizo reaccionar al guardia.

Este caso, se suma a otros, como el del fin de semana, en el centro comercial Las Conchas, ubicado en la zona 14, cuando Gerber Edil López Méndez, de 19 años, fue detenido por la Policí­a Nacional Civil (PNC), sindicado de disparar a un niño de once años, que trabajaba como vendedor ambulante.

Según la PNC, el detenido aparentemente jugaba con el menor de edad, cuando le disparó; el infante fue llevado a un centro asistencial, por una herida causada en el párpado izquierdo.

REGULACIí“N

Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, opina que las empresas de seguridad deben ser reguladas.

“Lamentablemente el servicio de seguridad se ha convertido en un negocio.  La mayorí­a de empresas de seguridad son de militares retirados, estas deben ser reguladas y capacitar al personal que contratan”, dijo Garavito.

Según el entrevistado, dichas instituciones contratan a personas con poca capacidad técnica y emocional, les entregan un arma, que muchas veces utilizan sin seguro.

“Las empresas contratan a cualquiera que tenga necesidad, pero el manejo de un arma no es una cuestión simple, tiene que haber cierta capacitación técnica, yo dirí­a que de todos los guardias de seguridad, un alto porcentaje, en su vida  no ha manejado un arma, tampoco tienen capacidad emocional”, destacó.

Uno de los problemas más preocupantes, según Garavito, es la posibilidad que todos los ciudadanos porten armas de fuego, cuando deberí­a ser la fuerza pública la única a la que se le permita, pero no es posible por la ola de violencia, que hace pensar que quien tiene un arma está protegido.