Ya dijimos en el pasado que lo normal, lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, es que cuando un mandatario tiene la facultad legal para nombrar a una persona para el desempeño de un cargo público se inclinará siempre por alguien de su confianza y con quien mantenga cierta afinidad. Nunca ocurrirá que alguien facultado constitucionalmente para designar a un funcionario, especialmente si éste tiene capacidad de control, fiscalización y hasta de persecución penal, termine designando a alguien que le pueda hacer la vida imposible.
Esa es una premisa natural que tenemos que admitir porque ocurre aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Por ello fue que se dispuso en la legislación de Guatemala el procedimiento de las comisiones de postulación, con la idea de que el mundo académico asumiera un papel de gran importancia al tener la responsabilidad de conformar la lista de la cual la entidad nominadora, que en el caso del Fiscal General es el Presidente de la República, viera limitada su opción a aquellos profesionales que reunían requisitos de capacidad y honorabilidad que deben ser certificados por los postuladores. Salvo que prospere alguna impugnación que interpongan los abogados que no fueron seleccionados por los postuladores, lo que en realidad parece difícil, corresponderá al presidente Colom elegir al Fiscal General de la lista de seis aspirantes aprobados por la Comisión de Postulación integrada por el Presidente del poder Judicial, dos representantes del Colegio de Abogados y los decanos de derecho de todas las facultades que operan en el país. En teoría, esos decanos que tenían mayoría estaban llamados a realizar una selección basada en criterios objetivos de capacidad y honestidad y no en presiones políticas. La preexistencia de una lista que circuló desde el viernes anterior y que tuvo apenas pequeñas diferencias con la final puede indicar que hubo presiones o negociaciones políticas pero no se puede probar de manera fehaciente que así haya ocurrido. Por ello es que hemos insistido que debe haber una responsabilidad moral de los postuladores que hayan votado por el que al final resulte designado por el mandatario, tanto para bien como para mal. Si el Fiscal nombrado cumple con su deber, habrá que reconocerlo a los postuladores, pero si es otro fiasco a ellos deberá recordársele su actuación a la hora de votar. La inclusión de la licenciada María Eugenia Morales en la lista rompió el esquema de crítica que tenían los grupos sociales porque a ella se le reconocen muchos méritos y calidades para estar en la lista, pero posiblemente su figuración sea únicamente para lograr ese objetivo. En todo caso, no vemos cómo se le puede pedir a Colom que no nombre al más afín dentro de la lista y por cierto hay varios que tienen esa calidad.