En el Gobierno presidido por í“scar Berger se señaló reiteradamente que a través de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del Presidente se importaron miles de furgones que no pagaron impuestos, repitiéndose con ese hecho actos de contrabando que en gobiernos anteriores se le atribuían a grupos relacionados con militares, pero esta vez relacionados con la familia del más alto funcionario y una élite organizada de civiles en la secretaría, aduanas, puertos y comercialización de los productos ilegalmente internados.
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También se publicó que fueron millones de millones de galones de combustible los que se ingresaron de México hacia el país. Por supuesto que una vez consumido o quemado el combustible no queda huella, aún así el rumor implica un secreto muy mal guardado que señala el consumo de combustible que no pagó los impuestos que correspondían. Los tradicionales importadores lo saben con lujo de detalles. Por qué el Ministerio Público no les requiere que declaren y proporcionen la información que tienen al respecto.
Que el sector industrial o el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, argumente sobre el problema es bueno, pero estarían dispuestos a señalar concretamente a quienes se dedican o se dedicaban a esas actividades ilícitas o lo único que les preocupa es el contrabando hormiga que afecta específicamente el mercado y la producción alimentaria. ¡He ahí la pregunta!
El ministro de Finanzas, Richard Aitkenhead del gobierno de Jorge Serrano, posteriormente Comisionado Presidencial del Gobierno de í“scar Berger, recibió constantes informes sobre contrabando y todos los mandó a un hoyo negro, ¿por qué?
¿Será adecuado que CACIF proponga el perfil de quien deba ser la autoridad que investigue el tema del contrabando o este aspecto ya está planteado dentro de las tareas que la CICIG debe desarrollar?
Distinto es que las cámaras y sus gremiales concretamente señalen a quienes han cometido el contrabando, a quienes han subvalorado el precio de los productos importados porque si pueden señalar cuántos son los impuestos omitidos, no pueden pretender decir que no tienen un conocimiento suficiente de quienes contrabandean y de los volúmenes de contrabando.
En la actualidad es tanto el desarrollo del equipo electrónico que perfectamente pueden instalarse cámaras, básculas, equipos de revisión similares a tomógrafos que examinen y dejen clara constancia de cuántos furgones, cuántos contenedores, cuántos tanques ingresan por cada aduana, incluso puede transmitirse desde las aduanas hasta una central de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, de la capital, lo que está ingresando al país minuto a minuto. Esto, incluso, ayudaría al combate de las drogas.
Seguramente los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, perfectamente podrían asesorar al Gobierno, al Ministerio de Finanzas, al directorio de la SAT para implementar todo lo necesario.
Las cámaras empresariales podrían hacer propuestas concretas o es que sólo les interesa tener representantes en los directorios pero no les interesa exigirles a sus representantes, comprometerse en el tema que señalan y critican. No hay quien pueda decir que para que exista contrabando no se necesita que alguien importe, que alguien obtenga un sustancial beneficio en la venta. Por ello es que están dispuestos a pagar y así hacer su agosto con esta competencia desleal. Decir que no lo saben es tapar el Sol con un dedo.