El actual Ministro de Finanzas, a pocos meses de haber asumido el cargo, estaba consciente que la ejecución presupuestaria a través de fideicomisos y transferencia dificultaban la fiscalización, hasta el punto de proponer la creación de un Fideicomiso Público. La gran pregunta es, ¿qué se ha hecho al respecto desde abril de 2008 a la fecha, y por qué se ha cambiado la postura?

El ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, suscribió en abril de 2008, junto a varios personajes de la vida nacional (Lea: Los Firmantes), una propuesta del grupo promotor del pacto fiscal del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP), en el que se reconoció que «se ha abusado del uso de fideicomisos y transferencias a organismos no lucrativos o a entidades internacionales para realizar gastos que dificultan el control público (Ley de Contrataciones del Estado) y a auditorí­as de la Contralorí­a General de Cuentas.».*

Como consecuencia de lo anterior, entre las recomendaciones además, el citado documento resalta que «el Gobierno debe emprender acciones sustantivas para garantizar la legitimidad del esfuerzo tributario, ví­a mejoras en la transparencia como garante de la confianza ciudadana en la intervención estatal».

Dentro del tema de transparencia del citado documento, se hablaba de la necesidad de «establecer mecanismos que aseguren que todas las entidades públicas y privadas que realicen actividades, o que tengan a su cargo programas de gasto financiados con fondos públicos, transparenten plenamente sus operaciones, informando pública y oportunamente el destino de los recursos bajo su responsabilidad».

Con el afán de cumplir con lo anterior, el grupo promotor, encabezado por Orlando Blanco, secretario Presidencial para la Paz y Fuentes Knight, Ministro de Finanzas, propuso una serie de aspectos dentro de los cuales se incluí­a la transparencia e información, la ética de la gestión pública, el combate a la corrupción y a la impunidad, extender el uso del Sistema Integrado de Administración Financiera, transparentar la ejecución del gasto público y la obligatoriedad del uso de los sistemas de compras y administración del Estado (SIAF, Guatecompras, Guatenominas, y SIGES).

Fideicomiso Público y las ONG

Dentro del documento presentado por el grupo promotor, se mencionó la necesidad de crear una figura denominada FIDEICOMISO PíšBLICO, con el afán de transparentar el uso de los mismos. A continuación una trascripción literal del apartado:

«Transparentar la ejecución de gasto público a través de la creación de la figura legal fideicomisos públicos, debidamente regulado para garantizar la transparencia, integridad, rendición de cuentas, auditorí­a social y lucha contra la corrupción, en operaciones con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. Se recomienda el establecimiento de normas apropiadas de obligatoriedad de registro de operaciones, cuentadancia de los comités de ejecución, rendición de cuentas, información oportuna de avance fí­sico y situación financiera de los proyectos financiados con fondos públicos, así­ como otras figuras vinculadas con los requerimientos de transparencia e integridad de las operaciones del sector público, de acuerdo con el mandato constitucional.»

Se sugerí­a la creación de fideicomisos públicos, que serí­an aquellos que se constituyeran con recursos del Estado y por ende, de los impuestos de los guatemaltecos, con el objetivo de garantizar la transparencia, pero todo quedó en una iniciativa de inicio de Gobierno. De abril del 2008 a la fecha, se sigue cuestionando la transparencia de los mismos, toda vez que ni el Contralor General de la Nación los puede fiscalizar.

Diario La Hora, intentó indagar por qué no se han impulsado dichos cambios, por qué ahora no se ha ordenado transparentar la ejecución el presupuesto como se mencionó en aquella época y cómo se pretendió hacer con las ONG y por último, para saber quién ha detenido los cambios propuestos, sin embargo el titular de Finanzas Públicas no se pronunció al respecto, aunque la vocerí­a de la citada cartera envió algunas respuestas a estas preguntas. (Lea: La Respuesta)

Analistas consultados opinan en cuanto a la incongruencia del titular de Finanzas; Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) analiza que la corrección al problema es más de fondo y no una simple figura del Fideicomiso Público como se mencionó en aquella propuesta que Fuentes avaló.

«Es una figura muy puntual para regir esa forma de utilización de manejo de recursos públicos, porque la necesidad primaria serí­a modernizar la ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Servicio Civil», señaló

Eso porque las reglas del juego en el tema de los fideicomisos van con lentos avances en cuanto a proporcionar la información necesaria para la fiscalización, dice Lavarreda.

Según el analista, el acceso a la totalidad de la información sobre el desarrollo de los fideicomisos está limitado para la mayorí­a de las personas porque en el acceso «fideicomisos» o «prensa-prensa» no ofrece mayor detalle como escrituras públicas, quienes son los fideicomisarios, los costos de dichos fideicomisos y otros datos de interés para fiscalizar.

En la actualidad, el Presidente de la República y el Ministro de Finanzas, poco o nada han hablado respecto al tema de los fideicomisos y su prácticamente imposible fiscalización; únicamente se han limitado a proponer que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no puedan ser contratadas para ejecutar el presupuesto general de la Nación.

La medida responde a que, según el mandatario, dichas entidades han sido utilizadas para actos de corrupción.

En el Congreso de la República, los diputados, quienes son los más afectados con tal disposición por los contratos de infraestructura que se otorgan de acuerdo al listado geográfico de obras y que se ejecutan a través de ONG, le han solicitado al Presidente que la decisión se origine por un Acuerdo tomado en Consejo de Ministros, para que tome validez.

En la misma lí­nea, el Ministro de Finanzas, ha presentado ese punto (la prohibición de las ONG en la ejecución presupuestaria) como uno de los logros más importantes en lo que al tema de transparencia se refiere, mientras que la transparencia en el uso de los fideicomisos es todaví­a una tarea pendiente y que ha estado así­, desde muchos gobiernos atrás.

Fideicomisos actuales

A pesar de la postura inicial de los funcionarios oficiales con respecto al uso de fideicomisos con fondos estatales, a la fecha no se han patentizado acciones concretas, y por el contrario, éstos han promovido la creación de más contratos mercantiles de esa clase, como el Fondo Social de Solidaridad y el Fondo Social Mi Familia Progresa, TransUrbano, etc.

Lo anterior significa que en muchos casos se obvia el uso de la Ley de Contrataciones y las auditorí­as de la Contralorí­a General de Cuentas, eliminando las posibilidades de fiscalización y transparencia de la gestión pública.

El abogado Carlos Molina Mencos, sostiene que «los fideicomisos estatales simplemente no existen, no los contempla nuestra ley, ni el derecho ni la doctrina», por lo que ese tipo de contratos mercantiles se encuentran fuera del marco de la legislación nacional.

«Son simples excusas para apañar actos de corrupción», enfatizó Molina, agregando que por otro lado, las organizaciones no gubernamentales, en su naturaleza de ser entidades «no gubernamentales» tampoco deberí­an tener una relación con el Gobierno y tampoco deberí­an recibir fondos estatales.

De esa cuenta, los traslados de fondos públicos a las ONG y fideicomisos con fondos del Estado no deberí­an ser aceptables, según el jurista.

Además, menciona que el Fideicomiso es un contrato mercantil privado, insistió, con el que se corre el riesgo, que si a un fiduciario no se le paga, la institución bancaria o financiera se podrí­a quedar con los bienes definitivamente y el Estado no tiene bienes propios, el dinero y los bienes son públicos, recordó.

La tesis de un fideicomiso público es nueva «sacada de la manga de algún abogadito para justificar una malversación de fondos», critica Molina Mencos.

Además sostiene que la Contralorí­a General de Cuentas sí­ podrí­a fiscalizar a quienes constituyen los fideicomisos.

El análisis que hace es que hay tres responsables en cada fideicomiso que se constituye: «el Estado que está transfiriendo sus bienes sin transparencia; el notario quien realiza la escritura pública y los bancos que no pueden alegar ignorancia de la ley», enfatiza.

Contrastes

La diputada Nineth Montenegro, de la bancada legislativa Encuentro por Guatemala, apunta que existen 107 fideicomisos conformados con Q12 millardos provenientes de fondos públicos, y que son manejados por entidades autónomas, descentralizadas y estatales a través de los bancos del sistema.

Por otro lado, en la fuente «Fideicomisos del Minfin», se tiene acceso únicamente a la descripción de un listado 60 fideicomisos y el nombre del banco con que operan, vigentes al uno de marzo de 2010.

Entre el listado de fideicomisos de entidades de la administración central, que se encuentran vigentes pero sin detalle del monto, aparece el fondo social «Mi Familia Progresa» siendo fideicomitentes Ministerio de Finanzas Publicas, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública. Como fideicomisario o beneficiario aparece el Estado de Guatemala, escritura número 103 de fecha 20 de abril de 2009 con plazo y fecha de vencimiento indefinidos bajo el Acuerdo Gubernativo 100-2009.

Sin certeza

Entre tanto, la diputada Montenegro dice que no se conoce profundidad cuánto y quienes están disfrutando de los intereses que genera la multimillonaria cifra de los fideicomisos.

Otro punto que genera el descontento en el uso de fideicomisos y ONG, dice Montenegro, es que éstos también funcionan para chantaje polí­tico, pues de ellos se deriva la asignación de obras a allegados de funcionarios públicos.

El diputado independiente Aní­bal Garcí­a, señaló que varios han sido los esfuerzos por fiscalizar los fideicomisos públicos, aunque los mismos se han desvanecido por la falta de información disponible para realizar dicha labor.

Garcí­a considera que uno de los problemas que se presentan cuando se intenta fiscalizar y aplicar normas de transparencia a los fideicomisos, es que las partes argumentan que es una figura del derecho privado y que solo ellos tienen derecho a conocer la situación de esa.

Otro problema de fondo es el traslado de recursos del fideicomiso ví­a ONG, que posteriormente ésta busca después una desarrolladora del proyecto que, también por ser entes privados, muchas veces tampoco se puede acceder «y la fiscalización se hace realmente difí­cil», resalta Garcí­a.

Lo lamentable es que la Contralorí­a General de Cuentas, que es la entidad encargada de efectuar la fiscalización, actúa sólo a petición de parte cuando algún diputado señala supuestas anomalí­as en el manejo del dinero público y posteriormente tampoco entregan resultados, puntualizó el parlamentario.

Rechazo

Carlos Zúñiga Fumagalli, integrante de la Cámara del Agro, acepta que después de que los recursos económicos tributarios entran a un fideicomiso, la población y el mismo Estado se ven imposibilitados de fiscalizar.

«Las cosas deben hacerse limpiamente y si no, a la cárcel», apunta Zúñiga.

Además el representante de la iniciativa privada, es del criterio que todo aquel empresario que incumpla al manejar dinero público debe ser castigado penalmente sin miramientos de ningún tipo «aplicando la ley parejo», enfatiza.

*Si desea ver el documento completo y los suplentes del CNAP, acceda a www.elperiodico.com.gt/attachment/000000575.pdf