Uno de los cambios que ha imperado en el Ministerio Público (MP) es que quien presida esta institución es removido cuando se da el proceso de transición de gobiernos en el paí­s, lo que a criterio de expertos se debe a los fuertes intereses polí­ticos inmersos en esa instancia.

Pese a que la Ley reguladora de las comisiones de postulación garantiza mayor transparencia, participación y publicidad en el proceso de selección de quien ocupe la fiscalí­a general del MP, ésta podrí­a no «blindar» a la persona electa de este cambio.

Desde la creación del MP como ente encargado de la investigación penal en el paí­s, los cambios de fiscal general han venido con los cambios de gobierno. A criterio de analistas esto se debe a que cada partido que llega al Ejecutivo busca una persona que responda a sus intereses.

Uno de los casos recientes se dio en los últimos años en el MP, cuando el gobierno de la Gran Alianza Nacional, presidido por í“scar Berger, removió a Carlos de León Argueta y nombró a Juan Luis Florido.

í‰ste último fue retirado del cargo cuando el gobierno actual, presidido por ílvaro Colom, asumió el poder, nombrando provisionalmente a Amí­lcar Velásquez Zárate, quien actualmente completa el perí­odo de Florido.

Diferentes organizaciones de la sociedad civil organizada criticaron el nombramiento de Florido y resaltaron que éste respondí­a a los intereses de los económicamente poderosos y así­ fue: durante su gestión se evidenció cierta parcialidad y las cifras de impunidad ascendieron a un 98 por ciento, según informaron entonces los crí­ticos.

Pero, ¿hasta dónde podrá llegar la persona electa con el nuevo proceso establecido en la Ley de comisiones de postulación? ¿Continúan los intereses polí­ticos pese a la publicidad del procedimiento de selección de fiscal general? Algunos analistas respondieron a esas preguntas.

NO LO EVITA Nineth Montenegro, diputada que impulsó la citada Ley, opina en primer lugar que ese tipo de cambios confirman que en la selección del fiscal median intereses polí­tico-partidarios: «la prueba es esa, si no fuera así­ respetarí­an una decisión institucional del Estado y dejarí­an que terminara el perí­odo», indica.

«El cargo de fiscal general es un cargo polí­tico donde el gobierno de turno lo decide, y no queda más remedio que verlo así­, pero en un año y siete meses estaremos viendo, y ojalá me equivoque, cómo se mueve a esa persona del cargo», señala Montenegro.

A criterio de Montenegro, la nueva Ley ha ayudado y ha permitido la auditorí­a social, la fiscalización y la publicidad; además resalta que para el Presidente «ya no es tan fácil designar a dedo al fiscal general», no obstante, reconoce que sigue teniendo falencias y errores que habrá que corregir en el futuro.

«Lo único que evitarí­a que el fiscal electo sea removido en dos años es que no sea de designación a dedo por presidente o diputados, hay que buscar otras formas, no puede ser la misma en adelante y habrá que buscarlo mediante emisión directa, como en otros paí­ses donde los magistrados y fiscales son electos por un determinado perí­odo por la misma población», indicó.

REFORMA Marco Antonio Canteo, representante de la convergencia por los derechos humanos, refiere que cada cambio en las instituciones del paí­s como el MP que es movido por intereses polí­ticos en el paí­s «le hace daño a la institucionalidad e influye en la impunidad», indicó.

«La comisión de postulación hoy tiene la oportunidad de elegir a un fiscal con mayor independencia y carácter, lamentablemente están relacionados con sectores de poder y se da esa lógica que cuando llega el cambio de gobierno si la persona electa no responde a los intereses polí­ticos, lo cambian», señala.

Canteo añade que la Ley ha ayudado a medir la capacidad de independencia de los aspirantes y de la Comisión postuladora frente a los intereses de poder y que esto puede reducir el nivel de injerencia polí­tica tanto del actual gobierno como del próximo, por lo que cree que quien resulte electo deberá trabajar para garantizar la autonomí­a del MP y la lucha contra la impunidad.

El analista entrevistado refirió finalmente que existe una «debilidad constitucional» en ese procedimiento por lo que sugiere: «habrá que debatir responsable y seriamente sobre el sistema de nombramiento de jueces y funcionarios públicos con una reforma constitucional, pero de momento hay que luchar por la transparencia, hay que pedir que tomen una responsabilidad en tanto entremos a una reforma con una nueva clase polí­tica», enfatiza Canteo.