Hace 30 años prevalecía en Guatemala una atmósfera de temor ante las acciones homicidas de los escuadrones de la muerte creados como parte del terrorismo de Estado instituido por la ferocidad de un anticomunismo enfermizo que se ensañaba en contra de la población civil desarmada.
Ese terrorismo actuaba al amparo de la Guerra Fría y la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional auspiciada por Estados Unidos para la defensa de sus intereses geopolíticos. El sociólogo Edelberto Torres-Rivas, dice que: «Los lobos se matan entre sí. Pero en Guatemala fue el Estado el que asesinó al ciudadano, lo atemorizó, utilizó políticas de terror y creó una sociedad con miedo».
La noche del 15 de abril de 1980, durante el sanguinario gobierno del general Romeo Lucas, los vientos de la muerte soplaban muy fuerte en la parte norte de la capital de Guatemala. El señor Rodolfo Ramírez, secretario general de la Federación Autónoma Sindical de Guatemala, FASGUA, y su esposa Andrea Rodríguez de Ramírez, acompañados de uno de sus hijos volvían a su casa en el Proyecto 4-3 de la zona 6.
Sorpresivamente aparecieron dos automóviles que interceptaron el paso de su vehículo. Varios hombres con indumentaria del nororiente abrieron fuego en su contra con armas calibre 45 y ambos quedaron sin vida.
Su hijo de 15 años, quien se había bajado para abrir el portón de malla, se salvó, pero los asesinos le amenazaron para que no hablara o ellos regresarían por él. El único testigo es el mangal que todavía existe en la casa. Desde esa noche comenzó la persecución en contra de los 11 miembros de la familia Ramírez, porque quizá los asesinos tenían el temor de que podían ser identificados. En los días posteriores las intimidaciones aumentaron. Ante el peligro de perder la vida, optaron por asilarse en la Embajada de Venezuela.
Fue así como el 22 de mayo de 1980 partieron hacia el extranjero. Nunca más volvieron. Mi amigo, el periodista Luis Armando Ramírez, uno de los hijos del sindicalista inmolado, vino a Guatemala el año pasado luego de 29 años de exilio, para asistir a un homenaje de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado por la memoria de su padre y de otros mártires. En esa ocasión pidió al Ministerio Público, reactivar la investigación.
Luis Armando, quien continúa en el exterior, considera que las posibilidades de lograr justicia son casi nulas, pues hasta ahora no se conocen avances en el caso. Por ello recientemente solicitó la intervención de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG. Ojalá le dé seguimiento a estos hechos que fueron típicos crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar en la impunidad.