Hace algunos días, Carlos Castresana, citando al magistrado César Barrientos, señaló que las cifras de la impunidad en Guatemala rondan por el 99.75 por ciento lo cual pareció reflejar lo que los ciudadanos percibimos respecto al comportamiento del aparato de justicia en el país. Ayer, en cambio, al presentarse como candidato ante la comisión de postulación, el Fiscal General dijo que la cifra de la impunidad en el país es de alrededor del 75 por ciento de los casos porque no se tomó en cuenta en la estimación de la Cámara Penal todos los procesos en los que se desiste o en los que las partes llegan a algún arreglo.
Independientemente de que 75 por ciento de impunidad es inaceptable en cualquier país civilizado, hay que decir que el licenciado Velásquez Zárate hizo piruetas con los números para presentar una cifra menos dramática que refleje su gestión al frente del Ministerio Público. Cierto que son muchos los casos en los que la víctima desiste, porque sabe perfectamente que no podrá lograr justicia y que, en todo caso, correrá un riesgo enorme porque las probabilidades de que sus victimarios salgan libres y tomen represalias son monumentales. Pero aun si admitiéramos que las cifras de la impunidad están en 75 por ciento de los delitos que se cometen, eso es demasiado, sobre todo cuando sabemos que en delitos contra la vida la cifra crece en forma alarmante. Es obvio que para presentar su candidatura era necesario hacer algún acomodo de las estadísticas, pero aun estirando al máximo los datos, resulta que de todos modos el fracaso en la gestión salta a la vista. Pensamos que en los zapatos del actual Fiscal General más honesto hubiera sido reconocer el fracaso institucional y presentar un plan para revertir la realidad que intentar maquillarla para convencer a los postuladores. Porque no se puede tapar el Sol con un dedo y salta a la vista que estamos viviendo una situación de crisis en la administración de justicia y que hace falta empezar por reconocer el problema para solucionarlo. En cambio, acomodar los datos para efectos de propaganda es irresponsable y demuestra falta de capacidad para entrarle al tema de fondo. El Ministerio Público es una institución que fue cooptada durante el conflicto armado interno y que una vez firmada la paz quedó al servicio de los grupos paralelos que pasaron a conformar las más tenebrosas redes del crimen organizado. Si no se parte de esa realidad, no se podrá enderezar la institución que tiene el cáncer regado por todos sus corredores, pero esa determinación no la mostró Velásquez Zárate, no obstante sus muchos y largos años adentro de la guarida.