Como lo ha indicado la prensa, la invitación al principio fue cordial, al no atender la misma la Primera Dama el tono se convirtió en agresivo y aunque tardó en reaccionar doña Sandra Torres, al hacerlo ella invitó a las legisladoras opositoras (como lo califica la prensa) Roxana Baldetti, Nineth Montenegro y Rosa Marí­a de Frade a que fueran ellas las que concurrieran a la Casa Presidencial.

 

Como lo indicara el tí­tulo de esta columna: «En opiniones como en todo cada quien tiene un parecer», desde el punto de vista protocolar, serí­a prudente que las diputadas reconocieran que deberí­an ser ellas las que concurrieran a la Casa Presidencial, evidenciando que le conceden a la Primera Dama el respeto y estima procedente.

 

Lo cortés no quita lo valiente, el hecho que concurrieran a Casa Presidencial, juntas o separadamente, no impedirí­a que se iniciase un diálogo que a la larga podrí­a ser beneficiosa, tanto a la Primera Dama como a ellas en su carácter de legisladoras. Por supuesto, también serí­a beneficioso a la sociedad guatemalteca en general.

 

Habiendo sido el suscrito uno de los ponentes cuando se modificó la Constitución a raí­z del serranazo, para que los diputados pudieran citar a cualquier funcionario público, a los contratistas del Estado o a cualquier persona individual o jurí­dica que perciba ingresos que provengan de los impuestos, sé que el espí­ritu de la norma no incluí­a a la cónyuge del Presidente, del Vicepresidente o a los parientes dentro de los grados de ley que integran la familia de los funcionarios públicos, sea por afinidad o por consanguinidad.

 

En todo caso, el diálogo siempre es útil y conveniente aun cuando no podemos ignorar que en la polí­tica y en el quehacer humano siempre ha existido y existirá el aprovechamiento polí­tico de cualquier acto. Aún así­, la reunión de buena fe entre los seres humanos siempre será positiva y no debe ser rehuí­da.

 

En cuanto a opiniones de terceros tan valederas son las de unos como las de otros y por ello es que Manfredo Marroquí­n tiene derecho de opinar en representación personal o del grupo que ha venido creando, como lo tiene también la abogada Lea de León, quien ha manifestado: «que deberí­a hacerse la consulta de este caso a la Corte de Constitucionalidad». Igual opinión podrí­a externar cualquier otro profesional colegiado.

 

En todo caso, pretender decir que el tema no tiene diferentes aristas serí­a desconocer la realidad. Lo que sí­ se debe evitar es la confrontación y ello indudablemente es responsabilidad de todas y cada una de las personas involucradas en este aspecto, especialmente de quienes gozan de la calidad de diputadas, quienes al haber sido electas por parte de la población y además haber sido funcionarias públicas en el Gobierno de Jorge Serrano y en el Gobierno de í“scar Berger o haber sido conocidas activistas, saben que es muy distinto el concurrir a una reunión en el Organismo Legislativo que en hacerlo en Casa Presidencial. En todo caso, el derecho de opinar pública o privadamente es una garantí­a constitucional que debe ser cuidada y respetada democrática y universalmente, especialmente entre damas.