Convención contra desapariciones forzadas



La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, impulsada por Francia y Argentina, será firmada el martes en Parí­s en presencia de autoridades de los cinco continentes y una importante delegación de Buenos Aires presidida por Cristina Fernández de Kirchner.

Aprobada por unanimidad el 20 de diciembre de 2006 por la ONU, tras una labor de 25 años, la convención es la primera en reconocer la desaparición forzada de personas como delito de lesa humanidad y reafirmar el derecho a la verdad, la reparación y la justicia.

Con su firma, se llenará un vací­o jurí­dico que ha favorecido durante décadas la impunidad de este tipo de crí­menes, que se cuentan por centenas en paí­ses como Chile o Argentina.

En palabras del ministerio francés de Relaciones Exteriores, la firma de esta convención de 26 páginas «convertirá en crimen, en tiempos de paz y de guerra, las desapariciones forzadas».

En 2005, se registraron 535 nuevas desapariciones en el mundo, mientras que desde 1980, 40 mil seres humanos desaparecieron en 90 paí­ses.

Estos secuestros por motivos polí­ticos, sin reivindicación y cuyos actores actúan por cuenta propia o el aval del Estado, se desarrollaron con fuerza en los años 70 y 80 en Latinoamérica, castigada en la época por dictaduras militares, pero hoy existen en los cinco continentes.

Entre otros, se espera en la ceremonia la presencia de la primera dama argentina, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, que participó intensamente en la redacción del texto y una Madre de la Plaza de Mayo, Marta Vázquez Ocampo.

Además, participarán en el acto, la Alta Comisaria de la ONU de Derechos Humanos, Louise Arbour, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jakob Kellenberger, representantes de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos (Fedefam), además de ministros y representantes de diferentes regiones del mundo.

La entrada en vigor de la Convención está prevista cuando la ratifiquen al menos 20 paí­ses.

«Este acontecimiento corona más de 25 años de esfuerzos desplegados por las familias de desaparecidos, organizaciones no gubernamentales, la ONU y Francia», se congratularon portavoces del gobierno francés.

En la ceremonia del martes, la esposa del presidente argentino, Néstor Kirchner, pronunciará un pequeño discurso de cinco minutos en nombre de América Latina y en el que subrayará los avances realizados en Argentina desde que su marido llegó al poder en 2003.

El actual presidente argentino impulsó la reapertura de juicios contra un millar de acusados de crí­menes de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983) que dejó 30.000 desaparecidos en Argentina.

Uno de los capí­tulos de la Convención versa sobre los hijos de desaparecidos robados a sus padres y adoptados. Durante la dictadura argentina (1976-1983), unas 30 mil personas desaparecieron y al menos 500 niños fueron apartados de sus familias y adoptados por otras.

El texto impone «investigar e identificar a estos niños y devolverlos a sus familias de origen».

Esta convención obliga además a los paí­ses signatarios a prevenir y sancionar penalmente «la detención, la encarcelación, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad perpetrada por agentes estatales» o grupos vinculados al Estado.

Los firmantes facilitarán una ayuda judicial mutua en los procesos contra los culpables e incluirán «el crimen de desaparición forzada» en sus futuros tratados de extradición.

Por último, estipula la creación de un comité, compuesto por 10 expertos elegidos para un mandato de cuatro años, que se encargará de controlar que los paí­ses respeten sus obligaciones, aunque su labor no tendrá carácter retroactivo.