Guatemala ha sufrido cambios en el clima que están afectando los departamentos del paí­s donde se producen los granos básicos, que se dañan con la sequí­a y con el exceso de lluvias, dejando como resultado un aproximado de 500 toneladas en pérdidas de maí­z y frijol.

Según el director del Instituto Nacional de Sismologí­a, Vulcanologí­a, Meteorologí­a e Hidrologí­a (Insivumeh), Eddy Sánchez, esta semana se tendrá una entrada de humedad procedente del océano Pací­fico y presentándose algunos nublados con actividad eléctrica por las tardes en la meseta central y posibles lluvias por la tarde.

«Reiterando que en múltiples ocasiones durante este mes de abril tendrí­amos algunas lluvias que interpretamos como un falso inicio del invierno; y el invierno se establecerá hasta finales de mayo, entrando un poco atrasado por el fenómeno del Niño».

Pero, ¿cuánto afectará la irregularidad de las lluvias y la sequí­a la producción de los productos de granos básicos? Clara Arenas, representante de Avacso, manifestó que es preocupante la situación de la falta de cosechas, porque la población campesina es la que sufre las consecuencias de los cambios climáticos y de falta de tierras fértiles.

«Estos cambios tendrán repercusiones tanto en los pequeños productores como en la población en general; y se ha comprobado que el Estado tiene una muy baja capacidad de apoyar oportunamente el trabajo productivo de las familias campesinas».

«Las lluvias y las sequí­as afectarán gravemente las siembras de granos básicos, porque hay un retraso en el inicio de la lluvia -que no se ha normalizado- y en algunos lugares no ha llovido, eso significa un retraso en el perí­odo de siembra. Realmente no estamos preparados para las pérdidas en las siembras», comentó Aparicio Pérez, representante del Comité de Unidad Campesina (CUC).

«Quinientas toneladas aproximadamente serí­an las pérdidas en las cosechas a nivel departamental, afectado a los pequeños productores que arrendan las tierras, siendo grandes pérdidas. Pero los que menos sufren estos cambios son los grandes agricultores, porque tienen forma de riego y no les representa pérdidas mayores».

El cambio climático es un certero contribuyente a que las lluvias no se den en su momento y a eso se le atribuye los daños en las cosechas; pero, por aparte, la siembra de caña y palma africana, que hacen que los ciclos de lluvia varí­en, concluyó Pérez.

Rafael González, de CNOC, aseguró que los daños que se prevén por el invierno adelantado se verán reflejados en el maí­z, y lo que está pasando es que las lluvias se han estado precipitando (porque no es temporada de lluvias), siendo resultado del cambio climático; esto lo único que hace es confundir a los campesinos».

«Una familia tendrá pérdidas de hasta 10 mil quetzales, porque sembrarán en su tiempo, pero las lluvias no se harán presentes. Diez mil quetzales es un ciento por ciento de la pérdida de su cultivo, siendo de suma preocupación para toda la población campesina».

El Estado deberí­a garantizar créditos a los pequeños productores, así­ como asistencia técnica, «porque otro de los problemas que tienen los campesinos es la escasez en el mercado, esto por el aprovechamiento de los intermediarios que les reducen el costo del costal de granos, y si el campesino tiene necesidad se los venden más baratos y siempre salen perdiendo y ellos (intermediarios) ganan con la venta en la capital».

González hace un llamado al MAGA para que puedan dar créditos a los campesinos a fin de que las pérdidas en las cosechas no sean incrementadas como en años anteriores, ya que los créditos que brindan actualmente los del ministerio son con intereses exagerados e impagables.

Por ello solicitan al Estado polí­ticas para velar por la seguridad alimentaria de la población pobre, proyectos para no perder cosechas, que se apruebe la propuesta de ley de desarrollo rural -porque solamente se quedó en documentos-, concluyó González.

Las pérdidas en los granos básicos están acrecentando la crisis alimentaria, que es un fenómeno histórico producto de la agudización de problemas estructurales vinculados al agro, lo cual ha incrementado la brecha entre poblaciones indí­genas y campesinas pobres respecto del 20% de la población que concentra el 62,1% de los ingresos totales del paí­s.

Relativo a los conflictos de tierras, entre 1997 y 2008 la Secretarí­a de Asuntos Agrarios recibió un total de 4 mil 183 casos. De éstos, solo se resolvieron el 43%. Mientras tanto, Fontierra contabilizó un total de 236 fincas distribuidas entre 1998 y 2008, distribuyéndose solamente 12 entre los años 2006 y 2008, quedando más de 9 mil expedientes por tramitar.

En 2009, la carga tributaria fue de alrededor del 9.9% del PIB, cifra muy por debajo del 12.5% estipulado en los Acuerdos de Paz, siendo necesario reformar el sistema tributario para alcanzar dicho compromiso. (Información obtenida en CIIDH).