Hoy, nuevamente CACIF reitera que sea el pueblo consumidor quien cargue con un aumento a los impuestos indirectos (IVA) y así­ elevar la tasa de recaudación. Ningún miembro de CACIF, de la Cámara de Industria, de la Cámara Comercio, de la Cámara del Agro, de la Cámara de Finanzas, de la Asociación de Azucareros o de la Cámara de la Construcción paga IVA, son simples recaudadores del impuesto y como el valor de los productos que venden es superior al valor de sus insumos o productos que compran, el resultado neto es que no pagan ese impuesto.

 

Se ha denunciado públicamente que hay grupos empresariales que llevan una doble contabilidad, que con muchos de los productos que venden, al no facturarlos pero sí­ contabilizar la totalidad de sus gastos, se benefician y se apropian del impuesto que han recaudado.

 

Recordemos que durante el Gobierno de í“scar Berger se denunció que la Secretaria de Obras Sociales de la Primera Dama importaba miles de furgones que supuestamente traí­an fruta rechazada del mercado norteamericano, la cual le era donada al Gobierno. Se señaló que un gran número de furgones no vení­an con fruta sino cargados de productos, repuestos y demás que se vendí­an sin factura, así­ multiplicaban las utilidades de quienes improcedentemente estaban asociados y defraudaban al fisco.

 

Hasta la fecha ninguna entidad nacional e incluso internacional ha investigado esa denuncia; por ello, en lugar de suprimirse la evasión de impuestos, la misma continúa. Si alguno lo duda, debe visitar los establecimientos populares, encontrará que sus productos tienen dos precios, uno con factura y otro sin ella.

 

CACIF y sus tradicionales técnicos y voceros saben que cualquier aumento de impuestos indirectos no los pagarán los miembros de sus entidades, quienes simplemente serán intermediarios o recaudadores y hasta en ciertos casos se verán beneficiados al apropiarse del impuesto recaudado.

 

Totalmente distinto es el aumento de impuestos directos como es el Impuesto Sobre la Renta, ya no digamos como serí­a el impuesto de entrega o acreditación a cuenta de dividendos. Basta tomar los balances de las mil empresas que integran la cúpula económica y hacer números, nos encontrarí­amos que el crear el gravamen a los dividendos significarí­a más que la totalidad del ISR.

 

Inexplicablemente el Gobierno, el Ministerio de Finanzas y los diputados que no se verí­an afectados en lo personal con ese impuesto, no parece ser que estén dispuestos a crearlo y aplicarlo, deberí­an preguntarle al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Comisión Económica para América Latina, al Banco Mundial o a cualquier entidad similar, si el impuesto al reparto o acreditación de dividendos es justo y grava la riqueza, no la productividad y crea ingresos sanos al Gobierno.