La Convergencia de los Derechos Humanos se pronunció luego que Luis Alfonso Carrillo Marroquín denunciara ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) una supuesta violación a sus garantías individuales, mientras continúa la entrega de pruebas de descargo por parte de los otros aspirantes a Fiscal General.
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Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil enviaron un documento en el que afirman que «el hecho de señalar a una persona como no idónea no constituye una condena judicial ni mucho menos una violación a los derechos humanos del candidato, es simplemente el ejercicio del derecho ciudadano de fiscalización y auditoría social sobre los procesos de elección de cargos públicos.
Además argumentaron que la Comisión de Postulación ha dado un período razonable para que los candidatos presenten sus pruebas contra las objeciones, garantizando de esta forma el derecho de defensa.
Carrillo en su denuncia resaltó que se violó el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde establece que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, sin embargo las organizaciones se ampararon en el artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación que establece: «Las comisiones de postulación darán a conocer los nombres de los participantes (…) para que cualquier persona que conozca sobre algún impedimento, lo haga saber por escrito a dicha Comisión».
El movimiento Pro Justicia, otro de los grupos sociales denunciados, señaló que esperarían poder explicar todo ante la PDH porque en ningún momento se ha violado ninguna garantía individual.
Mañana termina el período establecido para la entrega de pruebas de descargo y hasta el cierre de esta edición se presentaron al menos 12 candidatos que defendieron su participación. Luis Alexis Calderón Maldonado presentó en su defensa un documento con 173 folios, además de solicitar a los comisionados una entrevista pública que se realizará en la próxima reunión.