En vista de que el Gobierno es el responsable de la claridad y transparencia de la realización de cualquier transacción que incluya recursos del Estado, deja en tela de duda el traslado millonario de fondos a empresas privadas para el sistema de prepago en TransUrbano, sin utilizar los mecanismos que la Ley exige.

Sin utilizar ningún tipo de regulación establecida en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, el Gobierno otorgó a los transportistas Q80 millones para la implementación de la tarjeta prepago, que se estableció en el convenio 103-2009, entre los Transportistas y el Ministerio de Finanzas, y que da cuenta de la entrega de US $35 millones (aproximadamente unos Q280 millones) a los transportistas, de acuerdo a una publicación del matutino Siglo Veintiuno.

Según el analista Pedro Prado, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES), «debe averiguarse porqué no hubo licitaciones y ver si las razones son justificadas» y añadió que las transferencias financieras «deben regirse a los procedimientos en Ley».

Carmen Ibarra, del Movimiento Pro-Justicia, sugiere que es el Congreso que debe realizar un control parlamentario del gasto público a través de La Comisión de Transparencia (deberí­a) esforzarse en su trabajo, a efecto de analizar todo lo actuado por el gobierno central y por la alcaldí­a metropolitana, que es también responsable».

El Contralor General de Cuentas (CGC) Carlos Mencos, respecto a la falta de licitaciones y a la Ley de Compras y Contrataciones, refiere que el Ministerio de Finanzas Públicas (MFP) y la AEAU están «amparadas con la Resolución 30-2008 en la cual se establece que las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), fundaciones y asociaciones (por lo que) deben subir toda su información a la página de Guatecompras, pero no dice, porqué la Ley de Contrataciones del Estado no las incluye en las licitaciones, sino que solo están obligadas a subir la información al portal de internet».