Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, logró, por fin, desencriptar el documento de los beneficiarios del programa Mi Familia Progresa (MiFaPro), del Consejo de Cohesión Social, y cotejó el listado con el padrón electoral; el resultado: el cien por ciento de los beneficiarios están empadronados.

Montenegro señaló que hay casi medio millón de beneficiarios (más de 471 mil) del programa MiFaPro, en los cuales se ha erogado en remesas condicionadas más de un millardo de quetzales (1 mil 77 millones 400 mil quetzales).

El programa MiFaPro se enfoca en 136 municipios, en los cuales hay una población de más de 2 millones de personas dentro del padrón electoral. De esa cuenta, Montenegro pidió al contralor general de Cuentas, Carlos Fernando Mencos, que verifique si este programa tiene tintes electoreros, y no sociales como indica el Gobierno.

«Hay una carencia de planificación y coordinación; hay una ausencia de una estrategia integral para agotar el tema desde una lógica de eliminación de la pobreza y la pobreza extrema», reclamó Montenegro.

Por ello, la diputada entregó al Contralor General de Cuentas, Carlos Fernando Mencos, la información desordenada que el ministerio de Educación le entregó a ella y que con su equipo lograron desencriptar, por lo que pone a su disposición para realizar la fiscalización de una mejor forma.

De acuerdo con las dudas de la diputada, es necesaria la fiscalización de este programa, para afirmar o descartar su teorí­a de que se trate más de una estrategia electoral que un puro combate contra la pobreza.

«Este programa no estaba en el Plan de la Esperanza ni en el Programa de los Cien Dí­as», recordó la legisladora, quien logró que a partir de este miércoles la Contralorí­a y un equipo de auditores inicien una etapa más de auditorí­a de campo.

Asimismo, la parlamentaria se mostró extrañada que en lugares rurales apartados las personas fí­sicas ya cuentan con el Documento Personal de Identificación, pero en la base inicial de la información no tení­an número de cédula.

NíšMEROS GANADORES

Las conclusiones de la parlamentaria Nineth Montenegro son que, a febrero de 2010, los departamentos más beneficiados han sido Alta Verapaz, con 98 mil 094 beneficiados por Q264 millones 989 mil 850.

Quiché, con un alcance de 68 mil 733 núcleos familiares beneficiados, y un desembolso de Q172 millones 875 mil 300; en Huehuetenango, llegando a 62 mil 343 familias y un gasto de Q155 millones 186 mil 100.

Mientras en San Marcos, están entregando la ayuda a 40 mil 678 familias que representan Q98 millones 434 mil 500; contrario a departamentos como El Progreso, localizado en el corredor seco donde solo cubren a 2 mil 192 familias y una entrega a febrero 2010 de Q524 mil 850.

Con esto, la diputada quiso enfatizar que el programa MiFaPro está enfocado en personas empadronadas de los municipios con mayor caudal electoral, y que, en caso de resultar la estrategia, se estarí­a acercando con al menos dos millones de posibles votantes.

Sin embargo, la diputada estimó que aún no ha podido acceder a los dos millones, debido a que necesitarí­a cuadruplicar el gasto. Actualmente, sólo estarí­a llegando al 25 por ciento de esos dos millones de personas, por lo que se necesitarí­a de un fondo de 4 mil millones de quetzales.

La Hora intentó hacer contacto ví­a telefónica con í‰dgar Rosales, vocero de Cohesión Social, con el objetivo de conocer una posible explicación de los señalamientos de la diputada, pero Rosales no contestó su teléfono celular.

REACCIí“N

Luego de que la diputada Nineth Montenegro entregara los datos y el informe al contralor de Cuentas, Fernando Mencos, í‰dgar Rosales, vocero del Consejo de Cohesión Social, convocó a una conferencia horas más tarde para aclarar los señalamientos de la diputada.

En primera instancia, Rosales refirió que a los beneficiarios de MiFaPro, en ningún momento, se les exige la constancia o número de empadronamiento, ya que no se necesita de ese dato para acceder al programa.

Según Rosales, se comprueba que Montenegro, al difundir esta información, sólo atiende a los intereses de la oligarquí­a, refiere el vocero.

Por otro lado, Rosales aseguró que se ratifica la invitación que la Primera Dama extendió a la diputada para que realice una visita a la Casa Presidencial, mientras señaló que se analizan los términos en los que Torres de Colom podrí­a llegar al Congreso de la República para no ser parte de un «show polí­tico», concluyó.