Si a usted le comentaran que su seguridad y la de 618 guatemaltecos y guatemaltecas, está a cargo de una sola persona, agente de la Policí­a Nacional Civil, ¿cuál serí­a su reacción?

Seguramente la sola idea le espanta y le pone los pelos de punta, comienza a pensar en los escenarios donde la vida e integridad de 619 personas dependen, todas al mismo tiempo, de una sola macana, un par de brazos, un par de piernas y 9 miserables tiros.

Justo en el momento que usted está a punto de llegar al colapso nervioso, la solución mágicamente penetra sus ojos. Un gran anuncio publicitario que dice: Seguridad Pro-fe-sio-nal, servicios personalizados y especializados para garantizar su tranquilidad y la de su familia.

Seis mil 498 muertes violentas en 2009, o 6 mil 498 razones para decir: sí­ quiero esa seguridad. Soluciones mágicas a problemas de verdad, o debe reescribirse soluciones de mercado donde el producto contra el miedo es la exclusividad.

En el paí­s el negocio de la violencia deja grandes ganancias, según la Cámara de Seguridad de Guatemala, órgano que aglutina a los empresarios de seguridad, al año se factura un promedio de 1,200 millones de quetzales por servicios prestados.

En el 2006, se realizó una comparación que establecí­a que si el Ministerio de Gobernación, con 18.600 policí­as, contaba con un presupuesto anual superior a dos mil millones de quetzales, y el Ejército, con 15.500 efectivos, superior a mil doscientos millones de quetzales, las empresas de seguridad, con más de 100,000 personas contratadas, podrí­an facturar alrededor de diez mil millones de quetzales.

Seguramente éste y otros datos, como el hecho que la gran mayorí­a de esas empresas opera con graves deficiencias, es información que no le dijeron cuando le vendieron su producto.

Recientes declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, al presentar su informe sobre situación de Derechos Humanos en Guatemala, evidencian preocupación por: «la cesión de gran parte de la función pública de la seguridad, a manos de empresas de seguridad, sobre las que no existe control efectivo ni marco jurí­dico que regule su funcionamiento».

Queda claro entonces que aquellos que tengan dinero, pueden pagar desde investigaciones, inteligencia, guardaespaldas, seguridad vehicular, perimetral, central, informática, entre miles de etcéteras más.

¿Qué pasa entonces cuando el dinero para poder pagar seguridad está en función de los intereses de narcotraficantes, terratenientes, partidos polí­ticos?

Si bien, la PNC no es capaz de ofrecer en este momento una respuesta institucional en el tema, la solución no debe ir encaminada a delegar en la iniciativa privada, funciones que le corresponden al Estado. Y aún peor, encaminar esfuerzos en función de fortalecer un estado cuyas instituciones responden también únicamente a los intereses particulares de ciertos sectores.

La lectura sobre la precaria situación de las instituciones estatales, debe cambiarse a una que incluya la urgente necesidad de fortalecerlas, reestructurarlas e innovarlas, pero en función que la seguridad y demás necesidades sea un derecho de todas y todos, y no solo de quienes tienen dinero para pagarla y defender sus propios intereses.