La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) formuló 20 recomendaciones y observaciones del proceso de elección del Fiscal General, entre las que resaltan su preocupación porque la decisión final sigue siendo polí­tica, y la falta de participación de mujeres y abogados mayas.

La elección del próximo Jefe del Ministerio Público (MP) es desarrollada con un monitoreo constante por varias organizaciones de la Sociedad Civil, además de llamar la atención de órganos internacionales como es el caso de la CIJ, quienes realizaron la observación desde el pasado lunes.

La visita se enmarcó dentro de los esfuerzos de la CIJ para acompañar los procesos destinados a escoger jueces, magistrados y fiscales con el fin de garantizar su capacidad, honestidad e independencia.

Además el cambio de Fiscal General del MP que generalmente se hace cuando hay un cambio presidencial, también fue objeto de crí­tica porque recomendaron que se debe dejar que el profesional termine el tiempo de nombramiento.

REFORMA

Los profesionales del derecho constataron que existe un problema de fondo en la elección del puesto, porque la Constitución tiene un sistema cuyo nombramiento depende en última instancia del Presidente, por lo que serí­a necesaria una reforma para darle independencia a los poderes judiciales.

Por lo tanto proponen una reforma constitucional que modifique la manera de elegir a los Magistrados y al Fiscal General, porque no pueden depender de las decisiones polí­ticas del paí­s, y aunque consideraron que la Ley de Comisiones de Postulación es un paso importante, pero tiene que ser un paso provisional.

«Â¿Qué seguridad jurí­dica podemos tener si nuestros magistrados no tienen la suficiente autonomí­a?» se preguntó Avelino Guillén Jáuregui, jurista peruano, quien fue el fiscal que logró la condena del ex presidente Alberto Fujimori.

Entre las recomendaciones se resalta la poca participación de mujeres en la elección y la nula presencia de abogados mayas, por lo que criticaron que persiste un sistema de exclusión y discriminación contra la mujer y los pueblos indí­genas.

También pidieron al Presidente que al momento de decidir entre los seis aspirantes que la comisión concluya, deberá fundamentar la decisión de quién será el jurista que quedará en el cargo y debe darle acceso a todos para saber el motivo.

UNIVERSIDADES PRIVADAS

En cuanto a los miembros de las comisiones de postulación, la CIJ consideró necesario hacer un análisis serio y profundo acerca del papel que juegan las facultades de Derecho en la universidad estatal y en las privadas del paí­s.

En cuanto al nivel académico de las universidades privadas hicieron un llamado a las autoridades para revisar el nivel del sistema educativo y la calidad del profesional que egresa de las mismas, porque no se hace énfasis en el pénsum que tienen esas casas de estudios y las facultades de Derecho tienen un bajo nivel académico.

Entre otros temas, los abogados internacionales cuestionaron el acceso que tiene que tener la Prensa con el Fiscal General, porque el profesional que se niegue a dar información, no debe ser el adecuado. «No me gusta un fiscal que no recibe a la Prensa», subrayó Roberto Garretón, comisionado de la CIJ.