No me refiero al viaje de Colom a Rusia, el primero de un Presidente guatemalteco a ese país, y tampoco me refiero a la correcta decisión de haber atendido, aunque parcialmente, a las familias más pobres del país. Más bien, Colom puede pasar tristemente a la historia como el Presidente que ha permitido la «privatización» de la represión contra el movimiento sindical, campesino y popular, así como contra los defensores de los derechos humanos.
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Colom tiene la obligación de ser firme y cuenta con el respaldo nacional cuando se enfrente a la violencia criminal, para que el país salga de su profunda crisis. Pero las acciones que el Estado tome deben ser respetuosas de los derechos humanos, particularmente del derecho a la vida, y de las demandas del movimiento social. Es imperdonable que los defensores de los derechos humanos hayan sufrido 353 ataques en 2009 y que sean nueve -Evelina Ramírez Reyes, Juan Antonio Chen, Germán Antonio Curup, Octavio Roblero, Carlos Noel Maldonado Barrios, Leonardo Maldonado, Ana María Lorenzo Escobar, Santiago Gamboa y una persona aún no identificada en San Marcos- los activistas del movimiento social y defensores que han sido asesinados en menos de tres meses en 2010.
El estado de Sitio en San Marcos, lejos de servir para combatir al narcotráfico y otros sectores del crimen organizado, está sirviendo para que sicarios, contratados por sectores de poder, asesinen a dirigentes del movimiento social y persigan a quienes se oponen a los abusos de los poderosos. Los hechos en San Marcos merecen la condena de sus autores intelectuales y materiales, al igual que del gobierno, por avalar y respaldar con la fuerza pública a una empresa que más bien debiese ser expulsada del país. Sucede hoy con la empresa FENOSA lo que antes ocurrió con la UFCO, la Coca-Cola, CAVISA y muchas otras empresas, que siempre actuaron protegidas por el Estado y se valieron del mismo para eliminar los obstáculos a sus nefastas acciones.
Hay ciertas acciones inmediatas que un mandatario con dos dedos de frente debiese ejecutar: levantar el estado de Sitio en San Marcos, que solamente ha servido para desprestigiar más, si posible, a la PNC y al Ejército, y liberar a los detenidos; concentrar al Ejército en sus bases para la defensa del territorio nacional; depurar, aumentar y reforzar la PNC, para que cumpla sus funciones adecuadamente; entablar diálogo con el movimiento social en San Marcos, con la mediación de la Iglesia Católica; exigir al Ministerio Público, con la asistencia de la CICIG, la investigación de los crímenes y abusos en esa región; y revisar urgentemente toda la política del sector energético y minero del país, el cual debiera pasar totalmente a manos del Estado.
La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) se ha dirigido ya a las misiones de América Latina y de España ante la ONU, para denunciar la injerencia del sector privado español en los asuntos internos de Guatemala. Parece llegada la hora de intensificar dicho trabajo en Naciones Unidas, para parar los abusos de la iniciativa privada extranjera en el país. El Gobierno de Guatemala tiene la palabra, para ver si se alía con esos intereses o, como corresponde, se compromete con los de los ciudadanos guatemaltecos. Este gobierno no podrá escapar al juicio de la historia.