En el transporte, los únicos que han recibido subsidios y exoneraciones son los empresarios que se dedican al transporte urbano de personas en la capital. Primero, por años se les dio un subsidio en especie de millones de galones de diésel; después, Oscar Berger invirtió más de 250 millones de dólares que obtuvo del Banco Centroamericano en comprar varios cientos de autobuses, los llamados Tomates, y en lugar de cumplir con crear la Empresa Municipal de Transporte de Personas, malversando y procediendo ilegalmente, se los dio a los transportistas que él escogió; éstos nunca pagaron su uso, ni las placas, tampoco le dieron un mantenimiento y reparación adecuada a los buses, pero sí recibieron el 100% de los ingresos que producían, a lo que se agregó un subsidio de cientos de millones de quetzales en efectivo.
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A su vez, ilegalmente Berger y después Fritz García-Gallont dejaron de pagar el compromiso municipal al Banco Centroamericano lo que obligó al gobierno central a asumir el pago y así evitar la demanda del banco.
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A los autobuseros de la capital, los transportistas de rutas cortas preguntan por qué a unos sí y a otros no. Lo más probable es que la mayoría de diputados accedan a ampliar los subsidios a los transportistas urbanos a través de la exoneración del pago de cientos de millones de quetzales en impuestos.
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El Congreso y el Gobierno deberían calificar y condicionar esas exoneraciones si las otorgan. Las condiciones mínimas deberían ser que los transportistas se comprometan a: 1) Un mantenimiento preventivo y limpieza permanente de los autobuses exonerados; 2) Que los mismos serán retirados del servicio público de transporte de personas siete años después de su fabricación, garantizando así la seguridad, eficiencia y los costos de operación. 3) Los dueños o prestatarios del servicio de autobuses deberán de mantener en circulación los 365 días al año no menos del 90% de las unidades exoneradas, evitándose que para bajar costos no operen suficientes vehículos. 4) Los dueños de los autobuses exonerados tendrán el compromiso que las 24 horas del día de las elecciones generales circularán todos los autobuses sin cobro de pasaje alguno, propiciando que los ciudadanos puedan concurrir a votar y evitando que partido político alguno impida la circulación del transporte público como ya se hizo y, 5) Para garantizar a las personas daños a terceros y la reposición de unidades, mensualmente, los dueños de los autobuses exonerados ingresarán en un fondo establecido en el Banco de Guatemala, Banrural o Crédito Hipotecario Nacional, el 2% de su recaudación en pasajes, creándose así una garantía económica a favor de los usuarios, de terceros, por daños y para remplazar cada autobús al término de siete años como máximo.
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Desaprovechar -por parte del Estado- el establecer reglas mínimas como las ya indicadas es continuar por tiempo indefinido con un mal servicio y con el chantaje de este pequeño grupo de empresarios que históricamente han recibido enormes beneficios y subsidios.
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En todo caso, el subsidio debería prestársele al usuario de forma temporal, directa y calificada y no continuar dándoselo a este pequeño grupo de empresarios que han demostrado no ser eficientes en la prestación del servicio sino que se han dedicado a mamar y beber leche de los impuestos que recauda el Estado.