Preocupados por la crisis de inseguridad que sufren los juzgadores en el paí­s, la Asociación de Jueces y Magistrados buscan retomar la creación de una Comisión de Seguridad en el Organismo Judicial.

Además, los representantes de jueces y magistrados insistieron en la necesidad de otorgar un bono de riesgo para los operadores de justicia; lo que a criterio de Mario Minera, director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), debe ser atendido por la Corte Suprema de Justicia.

La citada asociación se reunió esta mañana en privado con í‰rick ílvarez, presidente de la CSJ, para exponerle su preocupación por las más recientes amenazas contra jueces que conocen casos de alto impacto en la capital.

Carlos Aguilar, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados explicó que los planteamientos presentados ante los magistrados ílvarez y Mynor Franco, el más importante fue el de la seguridad para los jueces, por lo que pidieron conformar de nuevo una comisión especí­fica.

«Se acordó retomar y darle vida de nuevo a la Comisión de Seguridad que ha funcionado en el OJ y que ha estado integrada por jueces, magistrados y por miembros de seguridad de la CSJ y es la encargada de analizar y evaluar a qué jueces y magistrados se les dará seguridad o no», indicó Aguilar.

El Presidente de la Asociación de jueces añadió que la comisión de Seguridad podrá analizar la situación de inseguridad de cada juez, ya que la CSJ ha insistido en que no tiene la capacidad financiera para dar seguridad a los juzgadores de todo el paí­s.

Los jueces también retomaron la solicitud que años atrás hicieran otras administraciones respecto al pago mensual de un bono de riesgo para los jueces y magistrados el cual serí­a de Q5 mil mensuales. La CSJ indicó que ese tema está en análisis.

Mario Minera, representante de CALDH, opinó que la CSJ debe ser la que garantice la seguridad de todos los juzgadores del paí­s, «en especial los jueces que conocen casos de altí­simo impacto en la capital», indicó.

También hizo especial énfasis en las recientes amenazas contra los miembros del Tribunal Quinto de sentencia que tramita el proceso de extradición de Alfonso Portillo y contra Verónica Galicia, contralora de casos como Maskana, Rosenberg y las Amenazas contra Nineth Montenegro y sus colaboradores.

Respecto a la solicitud de un bono de riesgo, Minera opinó que esa petición debe ser evaluada por la CSJ y que ésta debe buscar los medios para garantizarles su seguridad y su independencia para resolver, indicó.