En la portada de Prensa Libre de hoy aparece un agente de la Policía Nacional Civil disparando con su pistola reglamentaria contra los pilotos que realizaron el paro de transporte y el bloqueo de rutas que puso en brete a todo el país durante varias horas. Por vez primera, luego de la enorme tolerancia mostrada para que pequeños piquetes de manifestantes hicieran lo mismo reiteradas veces hasta para expresar así su apoyo a la reforma fiscal propuesta por el Gobierno, se dispuso impedir que se violentara el derecho a la libre locomoción de miles de personas y para el efecto no se limitaron a la utilización de lacrimógenas, sino que hasta se recurrió al disparo documentado de armas de fuego.
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Al margen de si uno está de acuerdo o no con esas formas de manifestar, lo que es inaceptable en un gobierno es que se usen distintos raseros para reprimir situaciones idénticas. Hace unas semanas eran maestros dirigidos por Joviel Acevedo y en respaldo a la iniciativa del Gobierno de aumentar algunos impuestos los que bloquearon importantes rutas y nadie movió un dedo para impedir que se afectara al resto de la población. Era evidente que existía un común acuerdo entre los manifestantes y las autoridades, al punto de que grupos sumamente pequeños lograron taponear arterias importantes creando caos vial en distintos puntos del país y pérdidas enormes a los ciudadanos.
Ahora, en cambio, los empresarios del transporte extraurbano, tanto de rutas cortas como largas, estaban desafiando al Gobierno porque reclaman que les den el mismo trato que reciben los transportistas urbanos que se benefician de millonarios subsidios y de exoneraciones para la importación de buses. De hecho, la protesta misma es contra el trato desigual, pero resulta que también la respuesta del régimen se vuelve a mostrar tremendamente desigual, porque es obvio que para los amigos hay absoluta complacencia, mientras que para los que no son amigos el peso de la ley cae severamente.
En un verdadero estado de derecho veríamos que las mismas protestas no tendrían mayor razón de ser, pero menos tendría que darse esa diferencia de respuesta de las autoridades que se hacen de la vista gorda frente a piquetes de grupos afines que de alguna manera actúan de común acuerdo con el Gobierno, mientras que con los que realizan una protesta independiente hasta se permite el uso de las armas de fuego para reprimir a los inconformes.
Pienso que debe haber coherencia en el comportamiento de nuestras autoridades y si la tónica con los bloqueos será la de privilegiar el derecho ciudadano a la libre locomoción, tiene que ser parejo para obligar a cualquier grupo que desee hacerse notar que limite sus acciones a manifestar en donde no afecte el derecho del resto de la población. Pero habla muy mal del Gobierno esa diferencia de rasero para juzgar situaciones idénticas en las que la única diferencia es la filiación y simpatía de quienes dirigen la medida de hecho.
Creo que es importante garantizar siempre y en cualquier circunstancia el derecho de los ciudadanos a movilizarse sin cortapisas, especialmente porque se afectan intereses que pueden ser literalmente vitales. Pero esa situación de doble moral que se observa, termina siendo del todo inaceptable.