Los transportistas urbanos de la ciudad de Guatemala fueron pieza muy importante en las elecciones pasadas al apoyar al partido de gobierno en la movilización de simpatizantes en el día de las elecciones presidenciales tanto de la primera como de la segunda vuelta, lo cual generó un importante compromiso que se materializa no sólo con mantener sino mejorar las condiciones del subsidio y ahora con el apoyo para la adquisición de unidades para sustituir a los destartalados buses.
¿Cuánto le hubiera costado a la Unidad Nacional de la Esperanza la contratación del transporte que recibieron gratis esos días? Ello convierte a los transportistas representados por el señor Luis Gómez en financistas de la campaña y traduce lo que hemos visto en los últimos años como un auténtico tráfico de influencias del que caracteriza la vida en nuestro país a partir de la ventaja en que se colocan los que apoyan en dinero o en especie a los políticos que ganan elecciones.
Cuando se habla del financiamiento de los partidos políticos no se hace referencia exclusivamente al dinero en efectivo o en cheque recibido. Todos sabemos que hay una multitud de respaldos que son en especie y no hay que ser tarugo para no entender esa realidad. Lo mismo puede decirse en cuanto a la cantaleta de que se presenten pruebas porque hasta el mismo Vicepresidente Espada ya dijo en alguna ocasión que es sumamente difícil probar la corrupción, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, pero ahora resulta que al defender a los transportistas pide que se aporten las pruebas pertinentes.
El subsidio al transporte urbano ha sido siempre mal dirigido, puesto que no se subsidia al usuario sino al transportista y eso alienta la corrupción porque no existen mecanismos para establecer si las unidades están realmente trabajando. Se han documentado casos en el pasado de personas que reciben el subsidio sin que sus buses salgan a prestar el servicio y es que basta con pagar un modesto soborno a los que certifican el trabajo para asegurar la recepción de una jugosa cantidad a cambio de nada.
Aun en países con controles efectivos y adecuados medios de fiscalización, un subsidio así se presta a corrupción, no digamos en un sistema administrativo que alienta la picardía por todos lados como es el de Guatemala. Y obviamente para los transportistas es muy importante el amarre electoral porque ellos, como buenos empresarios, saben que allí está la clave del negocio toda vez que dependen del favor del Gobierno para continuar con su jugoso e incontrolado ingreso. Y un buen apoyo en campaña se traduce en más de 600 millones al año, producto de un subsidio sin control.