Muchos ciudadanos en nuestro paí­s no entienden que en materia de corrupción hay que encontrar el pecado original en el sistema del financiamiento de las campañas polí­ticas porque desde allí­ se establece el tráfico de influencias que luego nos pasa una alta factura porque el Estado termina al servicio de intereses particulares que fueron pactados como parte de la componenda entre el capital y el polí­tico que requiere dinero para hacer campaña.

Sin embargo, en Transparencia Internacional estudiaron el problema y a Guatemala le dan una mala calificación por el tema especí­fico del financiamiento de las campañas electorales porque quienes se dedican a analizar la cuestión profunda de la corrupción, entienden la enorme importancia de esos arreglos que se hacen en tiempos de campaña electoral y que generan compromisos onerosos para el paí­s. Y eso es en términos generales y se aplica a cualquier paí­s del mundo, pero cuando uno sabe que en Guatemala no tenemos verdadera organización polí­tica y que la debilidad de los partidos los hace depender casi de manera absoluta en el dinero para atraer votantes, nos damos cuenta que su nivel de sometimiento a los financistas puede llegar a ser absoluto.

íšltimamente se ha puesto un poco más de interés en el tema porque se teme que el dinero del crimen organizado pueda influir de manera decisiva en el panorama polí­tico, por lo que mucha más gente que antes se preocupa por la cuestión. Sin embargo, como tanto les gusta repetir a los empresarios, no hay almuerzo gratis y tanto el dinero «honorable» como el que tiene orí­genes oscuros, se ofrece con condiciones que no tienen que ver, en absoluto, con el interés nacional sino que pretenden la preservación de privilegios, cuando menos, o el otorgamiento de nuevas formas de enriquecimiento.

La verdad es que nuestro sistema polí­tico adolece de un grave pecado original que a los dirigentes no les interesa cambiar, porque al fin y al cabo es más fácil manejarse en una pistocracia que en una auténtica democracia que obligarí­a a abrir los partidos para que los mismos pudieran ser reflejo de corrientes de expresión dentro de un mismo marco ideológico. Pero como tenemos clubes electoreros más que partidos, nadie tiene interés en promover cambios que serí­an algo así­ como esperar que ellos mismos se pongan la soga para ahorcarse, toda vez que la democratización significarí­a el fin de cualquier posibilidad de seguir mangoneando la institucionalidad de los partidos.

Y hay que ver que el sistema funciona porque conviene a las clases dominantes, es decir, a los polí­ticos y a quienes tienen el poder económico y son cortejados por los polí­ticos para obtener financiamiento. Esa mancuerna, esa coincidencia de intereses, es lo que mantiene atado el régimen de partidos a una condición que traiciona el interés nacional.