Para salir de la crisis de violencia e inseguridad, por lo tanto, debemos demoler el muro de la impunidad. Para ello, indico como necesario adelantar algunas medidas. Primero, para combatir la impunidad de los crí­menes actuales, hay que acentuar las labores de la CICIG, incidiendo más profundamente en la depuración del Ministerio Publico, el sistema de justicia y la Policí­a Nacional Civil. No obstante, la recomposición y coexistencia pacifica en el paí­s no se lograra nunca de no haber procesos de justicia en el caso de mas 150 mil asesinados y 45 mil detenidos-desaparecidos, ví­ctimas de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional dentro del conflicto armado interno. La CICIG debe ayudar en ello, como mí­nimo, supervisando todos los casos no resueltos que fueron presentados ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

La OEA afirma que la detención-desaparición es un crimen en ejecución y la Corte Penal Internacional (CPI) la ha definido como un crimen de lesa humanidad de su incumbencia. Por lo tanto, para comenzar, las casi 3 mil desapariciones forzadas no aclaradas por Guatemala ante el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas deben convertirse en tema a ser analizado por la CPI. No importa cuando se origino el crimen, si fue antes de la creación de la Corte, ya que este sigue siendo perpetrado en tanto la persona o sus restos no aparezcan.

El crimen mas grave, sin embargo, el genocidio cometido contra el pueblo maya durante los regimenes de Rí­os Montt y Mejí­a Ví­ctores en cuatro regiones especificas, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, queda fuera de la consideración de la CPI por haber sido creada esta con posterioridad a los hechos. Por ello, en mi ponencia sostengo la necesidad de establecer un Tribunal Internacional Especial sobre el Genocidio en Guatemala. No es posible que la comunidad internacional se quede de brazos cruzados, pasados ya 13 anos de la firma de los Acuerdos de Paz.