Una de las máximas preocupaciones de los guatemaltecos, especialmente cuando se acerca algún proceso electoral, es que las autoridades superiores del evento se apeguen estrictamente a lo que dicta la Ley, sobre todo, que se aplique el mismo rasero a los contendientes, sin excepción alguna. Como ya es del conocimiento público, nuestro Tribunal Supremo Electoral ha sido muy enérgico en aplicar la norma que dispone que hasta que no se haga la convocatoria para las elecciones a celebrarse a finales del año entrante, ningún candidato u organización política puede hacer campaña proselitista, habiendo llegado hasta disponer la cancelación de una organización política que transgredió la disposición citada y otras más en que todo parece indicar van por el mismo camino.
Hasta ahí, me parece que el orden y el cumplimiento de la Ley marchan bien, mejor todavía cuando se acaba de emitir el Decreto Legislativo 2-2010, por medio del cual se reformó el Código Penal que en su Artículo 16, dispone la prohibición para realizar o ejecutar promociones, propaganda, campaña o publicidad anticipada en cualesquiera de los medios de comunicación, incluyendo la elaboración de otros artículos o materiales divulgativos, promociónales y actividades de diversa índole que directa o indirectamente pretendan impulsar, promover, difundir, publicitar o dar a conocer a una o varias personas para ocupar un cargo público de elección popular, antes de la convocatoria a elecciones, lo que será sancionado con prisión de cuatro a siete años y multa de veinte a cincuenta mil quetzales.
Mientras tanto, les ruego disculpar mi curiosidad o ignorancia, pero me asaltan algunas dudas, las que desde ahora, antes que sea demasiado tarde, estimo conveniente exponerlas para evitar desaguisados: ¿será que el Tribunal Supremo Electoral está imbuido de la alta responsabilidad que le corresponde?, ¿es que va a aplicar el mismo rasero para todos?, ¿por qué entonces hasta el momento a la señora esposa del presidente Colom, quien seguramente va a aspirar al cargo que ahora ocupa su familiar más cercano, no se le ha impedido su destacada e insistente promoción personal apareciendo en todo acto oficial, por pequeño que sea e incluso hasta ahora desacostumbrado? Si en verdad se va aplicar aquel refrán que reza: «O todos hijos o todos entenados», ¿no sería bueno que nuestro Tribunal Supremo Electoral desde ahora advirtiera (ya que no lo hizo antes) que hacer esa campaña o publicidad anticipada es un procedimiento ilegal, inadecuado, tampoco justo, mucho menos equitativo para todas las partes? Claro, algunos de mis lectores podrán calificarme de estarme anticipando demasiado a los acontecimientos, pero es que siempre me aferro al principio aquel que dice: «Más vale prevenir que lamentar» y como suficientes problemas tenemos ya en nuestro país ¿Por qué no evitar en lo posible que no ocurran más violaciones y hechos contradictorios a las leyes que nos rigen?