La abogada Karen Fischer, ex fiscal del Ministerio Público, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de los acuerdos que otorgan el aporte económico para la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), criticando que los empresarios solamente se enriquecen y no prestan un servicio adecuado.
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Según la jurista, el negocio para la modernización del transporte urbano suma en total una inversión de más de Q 3 mil 900 millones y la AEAU no tiene la capacidad económica para desarrollar el proyecto, porque sus empresas no cuentan con el capital suficiente para respaldar el proyecto.
Para el proyecto los empresarios del transporte constituyeron cuatro empresas: Expansión Corporativa Milenium, S.A., Concesionarios de Transporte, S.A., Tendencias Modernas Latinoamericanas, S.A., y Rutas Metropolitanas de Transporte, S.A.; en conjunto tienen un capital pagado de Q117 mil.
Los acuerdos gubernativos que se violan según la abogada son dos: el número 282-2009 que autoriza el desembolso de Q78 millones 800 mil publicado en noviembre de 2009 a favor de la AEAU y el acuerdo gubernativo 103-2009 facultando al Ministerio de Finanzas para que otorgue el aporte económico de inversión por 35 millones de dólares que equivalen a Q283 millones.
Además, la compra de 3 mil buses por valor de 450 millones de dólares. El financiamiento bancario será pagado con el subsidio que otorgue el Estado a los miembros de la asociación y también con el valor del pasaje que pagan los usuarios del servicio.
Entre otros aspectos de la inconstitucionalidad, la profesional señala que el sistema de la tarjeta prepago está siendo desarrollado por una empresa brasileña de la que no se conocen sus antecedentes y el dinero que ha otorgado el Gobierno de la República a la AEAU, está siendo trasladado de forma ilegal a un tercero.
La emisión de las tarjetas, mientras tanto continúa suspendida y según los recursos presentados se plantea básicamente por el traslado de recursos económicos del Estado a favor de los empresarios del transporte, lo cual es prohibido por la legislación guatemalteca.
Además, la jurista señala que la adjudicación a Transurbano se dio pese a que las empresas favorecidas no contaban con buses y se les benefició con un plazo de 25 años, lo que genera monopolio y exclusividad.
Algunos diputados, entre ellos los del bloque Gana y UNE, dicen que apoyarán la exoneración de impuestos de importación de la flotilla de autobuses que vendrán a renovar el parque vehicular y modernizar el transporte de pasajeros en la capital. El diputado Manuel Barquín adelantó que también debería ser apoyo para el transporte de rutas cortas que prevén un cambio de sus unidades.
Con una inversión de 16 millones de dólares, el servicio de transporte prepago implementado por la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas comenzará a emitir las primeras tarjetas prepago en esta semana. El servicio actualmente es financiado con capital privado de un préstamo del Banco Cathay de capital chino que opera en la plaza financiera de Costa Rica, informó Gamaliel Chin de la gremial.