Cada beneficiario de Mi Familia Progresa recibe un carné de papel al ser admitido como tal y además firma boletas de pago que sirven como constancia que el dinero es recibido a su entera satisfacción. La firma de la cédula y de la boleta deben coincidir.
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El camino de fiscalización del programa de Cohesión Social, Mi Familia Progresa, toma un nuevo rumbo, toda vez que fiscalizadores y analistas solicitan las boletas de pago y el carné de identificación de cada beneficiario, argumentando que dichos documentos son la única manera en que una efectiva y real fiscalización se puede dar.
Los fiscalizadores del programa se han quejado de varios puntos: primero, que los datos de los beneficiarios no incluían los números de cédula y luego que los datos están encriptados y desordenados para hacer casi imposible sus verificación.
El 22 de febrero del año en curso, Diario La Hora dio a conocer que había logrado romper la barrera de seguridad del archivo de beneficiarios y que existían al menos 44 mil beneficiarios duplicados u homónimos, beneficiarios que representaban 95 millones de quetzales en remesas del programa.
Luego de dicha publicación y a raíz del amparo presentado por la diputada Nineth Montenegro, la Corte de Constitucionalidad ordenó la destitución de Bienvenido Argueta y la inmediata entrega de los datos a la diputada, incluidos sus números de cédula.
Días después, la diputada Montenegro y el contralor general de la Nación, Carlos Mencos, recibieron los datos en un archivo PDF, el cual contenía los mismos sin ningún orden alfabético o por departamentos y municipios y ello ha hecho que la fiscalización sea lenta y tortuosa.
BOLETAS Y CARNí‰
No obstante todo lo anterior, los fiscalizadores argumentan que copia del carné de identificación que se le da a cada beneficiario debería de ser incluido en los datos proporcionados, pero más importante que el carné, consideran que son las boletas de pago que deben ser entregadas como muestra de la transparencia del programa, pues estas son las únicas que efectivamente comprueban que las personas están recibiendo su dinero.
«De esas boletas nos deben dar copia y además, deben estar firmadas por cada beneficiario» dijo un miembro del equipo de Contraloría que fiscaliza el programa.
Según analistas, las boletas juegan un papel fundamental que ni siquiera la bancarización del programa puede suplir, toda vez que éstas son la única prueba que quienes aparecen como beneficiarios sí reciben su dinero todos los meses.
REACCIONES
El equipo de la diputada y principal fiscalizadora del programa, Nineth Montenegro, manifestó que ellos sí han procedido a solicitar la boleta de pago y el carné de identificación, pero les han sido denegados.
«Son primordiales para la investigación y se pedirán de manera segmentada para que la verificación sea más sencilla, de lo contrario tendríamos que analizar casi millones de boletas en un solo acto».
El Contralor General de la Nación, licenciado Carlos Mencos, al respecto manifestó que las boletas y los carné no fueron entregados, pero que ellos están realizando trabajos de fiscalización en sectores específicos, precisamente para verificar la existencia de los beneficiarios reportados y su efectiva recepción del dinero.
Según Mecos, al momento la Contraloría se concentra en los homónimos y una vez se tengan datos más certeros, procederán a pedir más documentos que permitan establecer si en realidad son nombres repetidos pero identidades distintas o personas duplicadas.