Mientras el tiempo aleja más el recuerdo de sus familiares, el Gobierno todaví­a no logra establecer un registro nacional de las ví­ctimas desaparecidas a raí­z del enfrentamiento armado en Guatemala y según el estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las posibilidades para emprender un proceso de búsqueda siguen siendo escasas.

El tema de los desaparecidos no es un capí­tulo cerrado. El dolor, la nostalgia y la angustia de no saber el paradero de sus parientes cercanos son solamente algunas de las muchas consecuencias que quedaron después de las desapariciones forzadas que dejaron muchos hogares desintegrados.

Los años que pasaron y la principal necesidad de las familias entrevistadas sigue siendo saber qué les sucedió a sus seres queridos, si están vivos o si están muertos; necesitan saber la verdad, saber dónde están y, si el segundo aspecto fuera el caso, recuperar sus restos para darles un entierro digno.

Para el estudió se entrevistó a 292 familias de zonas rurales de los departamentos del Quiché, de Alta Verapaz y del área urbana del departamento de Guatemala y se utilizó un cuestionario estructurado con datos personales, problemas legales, situación económica y entorno psicosocial, para conocer la situación en relación con el contexto.

De acuerdo con el derecho internacional humanitario (DIH) y de los derechos humanos establecen claramente que todas las personas tienen derecho a saber lo que ocurrió con un familiar desaparecido, de modo que debe responderse a la necesidad de las personas de recibir información sobre lo sucedido a sus parientes desaparecidos.

Pero la realidad en el paí­s es muy distinta y de las 292 familias entrevistadas, 61 declararon haber recibido en algún momento ayuda de las autoridades del Estado, pero no necesariamente porque tení­an algún familiar desaparecido.

Por lo general respondieron que recibieron algún beneficio por otros motivos; entre ellos por retorno, reintegración, resarcimiento por haber sido ví­ctima del enfrentamiento armado, sin embargo la ayuda no contempla una respuesta apropiada para afrontar los problemas y las necesidades que causa la desaparición de un ser querido, señalaron.

También es necesario resaltar la diferencia de porcentajes de familias que recibieron ayuda según el contexto, donde en el área rural, solo el 18% dijo que habí­a recibido alguna ayuda, mientras que en el área urbana es de 43%, donde además el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), proporcionó asistencia al 79% de las 61 familias mencionadas.

SITUACIí“N LEGAL

Según detalla el CICR, las posibilidades de emprender un proceso de búsqueda son escasas, dada la falta de un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas bajo la responsabilidad del Estado y los procedimientos legales y administrativos son un problema para muchas familias.

Por falta de recursos económicos, algunas organizaciones de la sociedad civil han tenido dificultades para continuar sus acciones en favor de las personas desaparecidas y el PNR no asume una atención que incluya dignificación de las ví­ctimas, reparación cultural y psicosocial y rehabilitación, por lo que se limita principalmente al resarcimiento económico, señaló el análisis del CICR.

Para que el estado cumpla con sus obligaciones y contribuir a identificar respuestas a las necesidades especí­ficas de las familias de las personas desaparecidas es importante que el Congreso de la República apruebe la iniciativa de ley 3590 relativa a la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de personas ví­ctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición.

Las personas que desaparecieron a raí­z del enfrentamiento armado interno en Guatemala tení­an una familia, un hogar, responsabilidades, sueños e ilusiones y según los datos recopilados, el 80% de los casos documentados en el informe, ocurrieron entre 1979 y 1984.

En el área urbana las personas desaparecidas eran lí­deres estudiantiles, lí­deres sindicales, profesores universitarios, académicos y artistas que de acuerdo al relato de las familias, se deduce un patrón de desaparición: hombres desconocidos detuvieron a los seres queridos en la casa, en la calle, en la universidad o en el trabajo, y las familias jamás volvieron a saber de ellos.

Mientras que en el contexto rural, cientos de personas desaparecieron sin dejar rastro durante ataques a comunidades, mientras huí­an por la montaña, en retenes y se trataba de campesinos hombres, mujeres, niños y ancianos.

Los campesinos desparecidos en su mayorí­a han caí­do en una especie de anonimato social y solo forman parte de las estadí­sticas, la tragedia y el sufrimiento para las familias que dejaron huellas en el espacio y en el tiempo.

Pero además de todo lo sufrido, la búsqueda de sus familiares quedaba totalmente por un lado, por no contar con las herramientas necesarias. «a veces me siento culpable porque no pude hacer nada; no puedo olvidar lo que vivimos. No supe lo que era estudiar, no supe lo que era jugar como los niños juegan ahora. Pero le doy gracias a Dios porque estoy vivo para buscar a mi padre», señala el hijo de una persona desaparecida en la capital.

BíšSQUEDA

De acuerdo con los resultados de CICR, el 61% de los casos son mujeres las que buscan a sus familiares y a pesar de la experiencia vivida, quienes sobrevivieron tuvieron la energí­a para reconstruir el tejido familiar, manteniendo una presencia simbólica de quienes siguen ausentes.

A pesar que las familias de las personas desaparecidas han continuado con sus vidas, la falta de un marco jurí­dico para resolver los problemas legales y administrativos provocados por la ausencia de sus seres queridos, les ha impedido en gran medida llevar una vida normal.

Muchas personas que han intentado rehacer sus vidas, se ven en la imposibilidad de volver a casarse porque al ignorar la suerte corrida por el cónyuge, no pueden arreglar su situación. Otras familias no logran legalizar propiedades que están a nombre del familiar desaparecido.

Las referencias sobre el número de personas desaparecidas a raí­z del enfrentamiento armado en Guatemala siguen siendo los informes de la comisión para el Esclarecimiento Histórico y de la Recuperación de la Memoria Histórica de la Iglesia Católica, según los cuales se estima que hubo 45 mil personas desaparecidas.

En el área Ixil, algunas familias recibieron del Alcalde una «declaración jurada» de ausencia por desaparición, como resultado de un acuerdo entre las municipalidades y el Programa Nacional de Resarcimiento.

Según el informe en las áreas más afectadas por el enfrentamiento armado, allí­ donde más desplazamiento de población se produjo y hubo mayor número de personas desaparecidas, es donde actualmente se encuentra la mayor concentración del 54% de malnutrición crónica que afecta a Guatemala.

RESARCIMIENTO

La puesta en marcha de la Comisión Nacional de Resarcimiento (PNR), en 2004, hizo albergar grandes esperanzas a las familias de las ví­ctimas del enfrentamiento armado en el paí­s, quienes por primera vez creyeron tener a su alcance un mecanismo de reparación integral.

Las reparaciones incluidas en el PNR no contemplan acciones para la búsqueda de las personas desaparecidas, a excepción del tema de la niñez desaparecida. Cabe mencionar también que financió durante el 2006 y 2007 el trabajo antropológico y psicosocial.

Aunque la importancia del programa es innegable, según la CICR no constituye una respuesta a los problemas y las necesidades especí­ficas de las familias de las personas desaparecidas, y no sustituye la necesidad de crear un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Las organizaciones de familiares y de derechos humanos han realizado varias acciones y han hecho posible realizar un elevado número de exhumaciones y dar con el paradero de niños dados por desaparecidos.

Sin embargo, sin un mecanismo nacional de búsqueda establecido por ley, es difí­cil confirmar una respuesta más efectiva a las familias, por ello varias organizaciones hicieron la propuesta de ley para crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La iniciativa fue presentada al Congreso de la República desde el 2007, pero todaví­a se encuentra pendiente de aprobación y de los encuestados por la CICR, el 83% la desconocí­an, pero se mostraron esperanzadas por la posibilidad de que se establezca una herramienta válida para acceder a la información, al apoyo psicosocial y a la reparación integral.

NIí‘EZ DESAPARECIDA

Durante el enfrentamiento armado de acuerdo con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico se estima que hubo cerca de 5 mil niños desparecidos y/o separados forzosamente de sus familias.

Los más notorio es que el 90% de los casos documentados depende completamente de la información disponible en archivos y documentos en que consta que fueron dados en adopción, a veces en otros paí­ses.

Las esperanzas no desaparecen y el sueño de reencontrarse con sus familiares es un recurso que no se ha dejado por un lado, aunque de no ser así­ buscan encontrar tranquilidad para sus corazones al saber por lo menos dónde estarán enterrados sus restos.

La principal necesidad de las familias sigue siendo, a pesar de los años que han pasado, conocer la suerte que corrieron sus seres queridos, saber si están vivos o si están muertos. Necesitan saber la verdad, saber dónde están, para lograr la paz tan anhelada.