Sin restar importancia a ninguna de las instituciones, la Corte de Constitucionalidad merece un lugar especial, ya que es garante del fiel cumplimiento de la Constitución, y sus fallos no son apelables, además de crear jurisprudencia, de acuerdo a la Constitución la Corte de Constitucionalidad, se compone de cinco Magistrados Titulares y cinco Suplentes, quienes deben ser designados por los tres organismos del Estado, uno por la Asamblea del Colegio de Abogados y el otro por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, de los diez, los cuatro últimos uno con más deficiencias que el otro son los designados de la forma más democrática.

La Corte de Constitucionalidad surge con la Constitución de 1985, innovando la Justicia Constitucional en Guatemala, hasta el momento con excepción de las dos primeras, todas han tenido sus claroscuros, aunque a decir verdad esta aseveración cause desconsuelo, para iniciar el cambio se debe empezar por reconocer que algo no está del todo bien. Hemos contado con magní­ficos elementos y otros no tanto, pero debemos reconocer que un órgano colegiado se encuentra compuesto por seres humanos, sujetos a errar.

Por lo mismo dentro de los requisitos para ser Magistrado de la C. C. se debe contar como mí­nimo, con más 15 años de haberse graduado, quizás el constituyente fijó este requisito con el objetivo que la experiencia y madurez dieran a los Magistrados ese poder de comprensión y razonamiento que es tan necesario para la interpretación de las leyes, más aún cuando de la Constitución se trata.

Se hace por lo tanto necesario revisar la forma de designación de los representantes de los tres poderes del Estado ya que nuestra Constitución es extensiva no limitativa, al establecer que los tres poderes designen a sus representantes sin una figura legal que disponga ciertos parámetros, ha dado lugar a que la democracia con la que el Constituyente pretendió se conformara la misma con los años ha convertido a los tres poderes en mega poderes que ha dado surgimiento a negociaciones poco transparentes, por lo que hemos contado en ocasiones con magistrados que han llegado a la Corte con una serie de compromisos que han debilitado la imparcialidad de la misma, dejando en entredicho al máximo órgano jurisdiccional del paí­s, y una sensación de impotencia para el ciudadano, muchas veces traducido en cólera.

La C. C. no deberí­a tener sombra alguna que opacara la credibilidad de la misma. En este momento en que se escuchan campanas de cambio, y en los que ya estamos terminando la primera década de este siglo, debemos reflexionar sobre la Guatemala que queremos, y aunque nos parezca que se encuentra bastante debilitada por la prostitución de algunos de sus ciudadanos, nunca será tarde para sentar nuevas bases de convivencia, principiando por la reedificación de las instituciones encargadas de impartir justicia, por ser la justicia el valor más grande al que el ser humano debe y puede aspirar, sin tomar en cuenta status social, económico cultural, o de género. El centro de las decisiones judiciales debe ser la persona, tan ávida en este momento de saber que puede tener confianza en sus instituciones, aunque sintamos que el manto negro de la impunidad nos quiere cubrir, debemos de ser proactivos y ambiciosos de cara al futuro, porque ya no es nuestro, es de quienes viven porque nosotros quisimos que nos acompañaran parte de nuestro camino.