La legislación guatemalteca define el transporte en bus de pasajeros como un servicio público que pueden prestar particulares mediante sistema de concesión que deberá ser otorgado por las municipalidades de cada jurisdicción. Eso significa que es la Municipalidad la responsable de la prestación del servicio y que en caso de que lo delegue para que empresas privadas lo puedan prestar, mantiene la obligación de regular y controlar la calidad y seguridad.
En la actualidad se está viviendo una situación en la que el servicio de pasajeros es manipulado por decisiones de los empresarios sin que la Municipalidad actúe en protección del interés de los usuarios, porque les han estado exigiendo datos que no son para nada necesarios, ni se piden en ningún otro lugar del mundo, para extender la tarjeta prepago y eso demuestra que la Municipalidad está de alguna manera en complicidad con los empresarios.
La mejor prueba del carácter de servicio público que tiene el transporte de pasajeros está cabalmente en los subsidios que se otorgan a esas empresas, lo que obliga, además, a que se establezca el destino de ese dinero público. No se trata de aportes que puedan gastarse sin control, sino que tienen el fin específico de financiar el mejoramiento de la calidad del servicio y que los buses sean no sólo eficientes sino seguros.
Ocurre que en medio de la política creciente de ocultamiento de datos que se alienta con los fideicomisos y esas figuras que tratan de borrar la huella de cómo se gasta el dinero del pueblo, se crean empresas y entidades en las que participan muchas veces funcionarios de alto nivel y sus parientes y que se benefician del secreto. ¿Quiénes están atrás de todo el negocio del transporte urbano que ya en su momento enriqueció a varios con la compra de aquellos famosos buses rojos que la población bautizó como gusanos?
¿Qué nos puede indicar que ahora la situación es diferente, si nuevamente se está recurriendo a avales públicos para financiar la operación y se reclama exoneración para importar las unidades? A lo mejor todo está bien, todo está en regla, pero esa política de ocultamiento que es generalizada en el país y que se da en toda la administración pública no sólo escamotea información para esconder malos manejos, sino que impide que si algo está bien se pueda certificar de esa manera.
La Municipalidad no es ajena al problema del servicio público de transporte ni es ajena a los abusos que cometen empresarios que operan en forma anónima y entre los que puede haber figuras políticas. Además, los transportistas dieron dinero para la campaña de Colom y están pasando una factura que nosotros, como pueblo, debemos conocer y supervisar.